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Periodistas chilenos denuncian que revelaciones sobre corrupción generaron la nueva ‘ley mordaza’

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SANTIAGO – En Chile, un grupo de fiscales y reporteros de investigación han revelado durante más de un año una intrincada red ilegal de contribuciones a campañas electorales, sobornos y corrupción, que ha implicado a importantes empresarios, a miembros del congreso y a la familia presidencial.

Las revelaciones, publicadas por una prensa valiente y alimentadas con la filtración de nombres y documentos, llevaron al senado a aprobar una ley que podría castigar hasta con 541 días de prisión a cualquiera que haga pública información sobre investigaciones judiciales en curso.

Los periodistas la califican como una “ley mordaza” que restringiría la libertad de información al público en una época en que la élite gobernante pasa por momentos vergonzosos.

“¿Por qué esto nunca se discutió cuando los reporteros obtuvieron expedientes relacionados a otro tipo de criminales?”, dijo Javiera Olivares, la presidenta del Colegio de Periodistas en Chile. “Los derechos de esa gente también se afectaron, pero esta ley se aprueba cuando son los poderosos quienes están bajo escrutinio”.

Los escándalos salieron a la luz pública a fines de 2014, cuando los investigadores empezaron a desentrañar un sistema de facturas falsas emitidas por una de las compañías financieras más grandes de Chile, el Grupo Penta, que se usaban para malversar fondos a las arcas de la campaña electoral del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), y a la vez esto se usaba para evitar el pago de impuestos.

Estas indagaciones lograron que se investigara al gigante minero Sociedad Química Minera de Chile (SQM), que controla la mayoría de la producción de litio del país. SQM se privatizó durante el régimen de Augusto Pinochet, cuya dictadura en Chile duró de 1973 a 1990, y se vendió al exyerno del dictador, Julio Ponce Lerou, quien ha estado al frente de la compañía desde entonces. Los investigadores descubrieron que SQM ha financiado las campañas de candidatos presidenciales de todo el espectro político, incluyendo a la mayoría de la coalición gobernante de centro-izquierda, la Nueva Mayoría.

Los fiscales investigan a más de 190 ejecutivos de negocios, a políticos y a una gran variedad de intermediarios acusados de evasión fiscal, fraude, emisión de facturas falsas, lavado de dinero y soborno.

Se espera que haya más acusaciones en las próximas semanas, como los cargos contra Laurence Golborne, candidato presidencial de la UDI en 2013, quien se hizo famoso cuando era ministro de minería durante el rescate de los 33 mineros chilenos en 2010. Los fiscales dijeron que “pronto” será acusado por evasión fiscal en conexión con los fondos de campaña recibidos de Penta.

Los fiscales también dijeron que están investigando a miembros de la coalición Nueva Mayoría de la Presidenta Michelle Bachelet y a los dos hijos del líder del partido Democracia Cristiana, el Senador Jorge Pizarro, quien ya renunció como jefe de su partido. Se descubrió que sus hijos emitieron 11 facturas a SQM, las cuales suman 45 millones de pesos, equivalente a unos 66.000 dólares.

Hasta ahora Ponce, el jefe de SQM, ha logrado evadir los cargos. Sin embargo, se filtraron correos electrónicos de 2010 entre el gerente general de SQM, Patricio Contesse y Pablo Longueira, quien para ese entonces era senador de la UDI, que muestran cómo discutían los cambios de un proyecto de ley sobre las regalías mineras, y cómo Contesse redactó modificaciones que beneficiaron a la compañía y que Longueira las introdujo en el proyecto. La ley fue aprobada cuando este último era ministro de economía.

Longueira renunció a su partido el mes pasado, negó las acusaciones y se quejó de que los medios de comunicación ya lo habían condenado de antemano. Se espera que él y Contesse sean acusados de soborno el 1 de junio, dijo la fiscalía.

También hay investigaciones sobre malversación de fondos públicos por parte de los militares, colusión entre los mayores productores de papel, fraude fiscal y lavado de dinero por parte del exlíder de la Federación de Fútbol de Chile, Sergio Jadue, quien ahora coopera con oficiales estadounidenses en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en la FIFA.

También está bajo escrutinio la Exdiputada Marta Isasi, a quien se le acusa de recibir más de 27 millones de pesos en 2009 de Corpesca, una de las compañías pesqueras más grandes de Chile, cuando el congreso debatía una nueva legislación para la pesca industrial.

“El grado de corrupción es enorme”, dijo Carlos Huneeus, profesor de derecho en la Universidad de Chile y autor del libro “La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet”. “El interés público está subordinado a los intereses privados, y cuando no existe una distinción clara entre ellos, se le abre la puerta a infinitas oportunidades de corrupción”.

Investigaciones previas se centraron en la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, a quien se le acusó en enero de emitir facturas falsas y evadir impuestos relacionados con un negocio que generó ganancias de millones de dólares para su compañía llamada Caval.

Muchos chilenos de alto perfil eran clientes de Mossack Fonseca, la firma panameña cuyos documentos se filtraron recientemente y fueron publicados por un consorcio de medios de comunicación. El Servicio de Impuestos Internos de Chile anunció que llevará a cabo una “exhaustiva” investigación al respecto.

Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, que es el mayor periódico chileno, aparece en la lista de los Papeles de Panamá, al igual que Hernán Büchi, un exministro de finanzas durante la dictadura de Pinochet; Alfredo Ovalle, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), así como el astro del fútbol, Iván Zamorano. El presidente de la sección chilena de Transparencia Internacional, Gonzalo Delaveau, renunció el lunes después de que su nombre apareciera como agente de cinco compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas, cuya dueña es la compañía minera Andes Copper, donde es director.

Los detalles de estos grandes escándalos y sus ramificaciones, que salen a la luz casi a diario, se han vuelto un tema primordial en Chile, lo que ha incrementado las dudas sobre el sistema político y los líderes del país.

“Es justo decir que quienes ocupamos puestos de toma de decisiones estamos siendo duramente cuestionados y hemos perdido legitimidad, partiendo por el poder ejecutivo”, dijo el presidente del senado, Ricardo Lagos Weber. “Pero no somos indolentes. Hemos tomado acción”.

El año pasado, Bachelet designó un comité asesor para proponer límites a los gastos de campaña, controles a los partidos políticos y prohibir donaciones empresariales; estas medidas se pondrán a prueba por primera vez en las elecciones municipales de octubre.

“Estas nuevas regulaciones harán que las próximas elecciones sean radicalmente distintas, pero no cambiarán la percepción del público de que los políticos son corruptos”, dijo Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y un exmiembro del comité asesor.

Con pocos líderes políticos intachables, muchos de los partidos políticos tradicionales recurren a expresidentes para que se postulen a las campañas presidenciales y legislativas del año próximo. La derecha promueve al empresario Sebastián Piñera, quien sirvió de 2010 a 2014, y algunos miembros de la coalición gobernante apoyan a Ricardo Lagos, presidente de 2000 a 2006, quien cumplirá 80 años cuando el próximo presidente comience su mandato.

“Lo que veremos en las próximas elecciones es una repetición del mismo ciclo político de los últimos 25 años, con muy pocos nuevos actores”, sentenció Fuentes.

As Graft Cases in Chile Multiply, a ‘Gag Law’ Angers Journalists

SANTIAGO, Chile — Prosecutors and investigative reporters in Chile have for more than a year been exposing an intricate web of illegal campaign contributions, bribery and corruption, embarrassing top business executives and politicians, including members of Congress and the president’s family.

The revelations, reported by an emboldened news media and fueled by the leaking of names and documents, prompted the Senate this week to approve a bill that would, among other things, punish anyone who makes public information about current judicial investigations, with up to 541 days in prison.

Journalists are calling it a “gag law” that would restrict the public’s freedom of information at a time when the country’s ruling elite are being shamed.

“Why was this never discussed before, when reporters got hold of legal files related to other types of criminals?” said Javiera Olivares, the president of the Journalists Association in Chile. “These people’s rights are also affected, but this law is approved when it is the powerful who are under scrutiny.”

The string of scandals came to light in late 2014, when investigators began unraveling a system of fake invoices used by one of Chile’s largest financial holding companies, the Penta Group, to direct funds to the right-wing U.D.I. Party’s campaign coffers, evading taxes along the way.

This led to related inquiries into the mining giant SQM, which controls most of Chile’s lithium production. SQM was privatized during the rule of Augusto Pinochet, whose dictatorship of Chile lasted from 1973 to 1990, and sold to the dictator’s former son-in-law, Julio Ponce Lerou, who has run the company ever since. Investigators found that for years SQM has financed the campaigns of presidential candidates from parties across the political spectrum, including most in the center-left New Majority coalition now in power.

Prosecutors are investigating more than 190 business executives, politicians and a vast array of intermediaries charged with tax evasion, fraud, issuing false invoices, money laundering and bribery.

More accusations are expected in the coming weeks, including charges against Laurence Golborne, a U.D.I. presidential candidate in 2013 who gained fame when he was minister of mining during the rescue of 33 Chilean miners in 2010. Prosecutors have said he would be charged “soon” with tax fraud in connection with campaign funds from Penta.

Prosecutors have also said they are looking at leaders of President Michelle Bachelet’s New Majority coalition and the two sons of the leader of the Christian Democratic Party, Senator Jorge Pizarro, who stepped down as party chief last weekend. His sons were found to have issued 11 invoices to SQM totaling 45 million pesos, or about $66,000.

So far, Mr. Ponce, the SQM chief, has avoided prosecution. But leaked emails from 2010 between a former SQM general manager, Patricio Contesse, and Pablo Longueira, then a senator for the U.D.I. Party, show them discussing changes to a mining royalty bill, and how Mr. Contesse drafted modifications that benefited the company that were later introduced by Mr. Longueira. The law was passed when Mr. Longueira was minister of economy.

Mr. Longueira resigned from his party last month, denying wrongdoing and complaining that the news media had already condemned him without a trial. He and Mr. Contesse are expected to be charged with bribery on June 1, prosecutors said.

There are also inquiries into the misuse of public funds by the military, collusion by major paper producers and tax fraud and money laundering involving the former leader of Chile’s soccer federation, Sergio Jadue, who is now cooperating with American officials in the FIFA corruption scandal.

Also under investigation is a former congresswoman, Marta Isasi, who is accused of receiving more than 27 million pesos in 2009 from one of Chile’s largest fishing companies, Corpesca, as Congress debated new fishing legislation.

“The depth of corruption is enormous,” said Carlos Huneeus, a law professor at the University of Chile and the author of the book “The Semi-Sovereign Democracy: Chile After Pinochet.” “Public interest has been subordinated to private interests, and when there is no clear distinction between them, it opens the door to endless opportunities for corruption.”

Previous investigations have focused on the president’s daughter-in-law, Natalia Compagnon, who was accused in January of issuing false invoices and evading taxes in relation to a speculative land deal that earned millions of dollars in profit for her company, Caval.Several high-profile Chileans were among the clients of Mossack Fonseca, the Panamanian law firm whose leaked documents were published on Sunday by a consortium of newspapers. Chile’s Internal Revenue Service announced it would carry out an “exhaustive” inquiry.

The owner of Chile’s largest newspaper, El Mercurio, Agustín Edwards, was among those listed in the documents, known as the Panama Papers, as was Hernán Büchi, a former finance minister under Pinochet; Alfredo Ovalle, former president of the business confederation C.P.C.; and the former soccer star Iván Zamorano. The president of the Chilean chapter of Transparency International, Gonzalo Delaveau, resigned on Monday after his name appeared as the agent of five offshore companies in the Bahamas owned by the mining company Andes Copper, for which he is a board member.

The details of these far-reaching scandals, and their ramifications, which emerge almost daily, have become a trending topic in Chile, increasing doubts about the political system and the country’s leaders.

“It’s fair to say that those of us in decision-making positions are being severely questioned and have lost legitimacy, starting with the executive,” the president of the Senate, Ricardo Lagos Weber, said last week. “But we are not indolent. We have taken action.”

Last year, Ms. Bachelet appointed an advisory council to propose limits to campaign spending, controls on political parties and banning corporate donations, measures that would first apply to municipal elections in October.

“These new regulations will make the coming elections radically different, but they won’t change public perception that politicians are corrupt,” said Claudio Fuentes, the director of the school of political science at Diego Portales University, and a former member of the advisory council.

With few untarnished party leaders, many of the traditional political parties are looking to former presidents to stand in next year’s presidential and legislative campaigns. The right is promoting the businessman Sebastián Piñera, who served from 2010 to 2014, and some members of the governing coalition are pushing for Ricardo Lagos, the president from 2000 to 2006, who will be 80 by the time the next president is sworn in.

“What we’ll see in the next elections is a repetition of the same political cycle of the past 25 years, with very few new actors,” Mr. Fuentes said.

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