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Guatemala

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Presentación

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Guatemala (en náhuatl: Quauhtlemallan, ‘lugar de muchos árboles’)[1]​ —oficialmente, República de Guatemala— es un estado soberano situado en América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura autóctona producto de la herencia maya y la influencia castellana durante la época colonial; también poseen la Ciudad más grande de América Central y la más poblada siendo esta su capital Ciudad de Guatemala; es el país más poblado de América Central con más de 17,000,000 de habitantes[2]

WikicharliE Patrimonio de Chile

Contenido


  • Población: 13.230.423 personas
  • Superficie terrestre: 108.890 Km2
  • Capital: Guatemala
  • Moneda: Quetzal
  • Idioma: Español

El Estado

  • Nombre oficial: República de Guatemala.
  • División administrativa: 22 departamentos.
  • Capital: Guatemala 951.000 hab. (2003).
  • Otras ciudades: Mixco 268.300 hab.; Villa Nueva 129.600; Quetzaltenango 115.900; Escuintla 63.400; Chinautla 47.500 (2000).
  • Gobierno: Óscar Berger Perdomo, presidente desde enero de 2004, electo por voto popular por un período de 4 años. Parlamento unicameral: Asamblea Nacional integrada por 158 miembros elegidos por voto popular por cuatro años.
  • Fiesta nacional: 15 de setiembre, Independencia (1821).
  • Fuerzas armadas: 44.200 efectivos (1996). Otras: 10 mil (Policía Nacional); 2.500 (Guardia de Hacienda); 500 mil (Milicia Territorial, Reserva).

Sociedad

  • Pueblo: alrededor del 61% son descendientes de los mayas. De acuerdo con la diversidad cultural y lingüística, se distinguen cuatro pueblos: el ladino (descendiente de amerindios y españoles), el maya, el garifuna (de la región del Caribe) y el xinca. Una minoría blanca ejerce un importante papel económico y cultural en el país.
  • Religión: mayoritariamente católica; se practican varias formas de sincretismo con la religión maya. En los últimos años han proliferado diversas sectas evangélicas.
  • Idiomas: el español es oficial, pero la mayoría de la población maya habla alguno de los 22 idiomas de ese origen (cakchiquel, kekchí, mam, quiché, tzujil, etc.). También se habla el garífuna.
  • Principales partidos políticos: Frente Republicano Guatemalteco (FRG); Gran Alianza Nacional (GANA); Partido de Avanzada Nacional (PAN); Unión Nacional de la Esperanza (UNE); Alianza de la Nueva Nación (ANN); Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
  • Principales organizaciones sociales: de tipo sindical, Unión de Asociaciones Sindicales y Populares; Frente Nacional Sindical; Central Nacional de Trabajadores. De carácter campesino, Comité de Unidad Campesina (CUC). El movimiento maya, que está tomando un papel fundamental en la sociedad guatemalteca a partir de los acuerdos de paz, se articula en varias organizaciones: Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC), Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM), Centro de Estudios de Cultura Maya (CECMA), Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Coordinación Maya Majawil Q’uij, Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala.

Ambiente

La Sierra Madre y la Sierra de los Cuchumatanes, que atraviesan el país de este a oeste, son escenario de actividad volcánica y temblores de tierra. Entre ellas está la región del Altiplano, con suelos arenosos, inclinados y de fácil erosión. El Altiplano ocupa el 26% del territorio y concentra el 53% de la población. Hay plantaciones de café y cultivos de subsistencia de las comunidades campesinas. La vertiente atlántica, más extensa y cubierta de bosques tropicales, es menos poblada. En los valles del Caribe y en las tierras bajas del Pacífico hay plantaciones bananeras, de caña de azúcar, algodón y café.

Historia

Durante los primeros diez siglos de nuestra era, la civilización maya floreció en lo que hoy es Guatemala, así como en parte de los actuales territorios de México, Honduras, Belice y El Salvador. El mundo maya se cree habitado desde 9000 años a.C, cuando grupos de cazadores y segadores vivían en la cima de los puuc (cerros), y a lo largo del mar Caribe. El cultivo de maíz permitió generar tempranamente una estructura social desarrollada y compleja. El descubrimiento de figuras de fisonomía pre-maya en Guatemala permitió definir un período formativo pre-clásico, aproximadamente desde el 2000 a.C. al 300 d.C.

Las investigaciones sugieren que una casta de sacerdotes reinó en el antiguo mundo maya, controlando los asuntos de gobierno y las acciones religiosas. Significativos eventos, muertes, nacimientos, casamientos reales, victorias, derrotas, etc., se hallan grabados en tablas de piedra. Las sacbes (rutas) conectaron importantes centros y alcanzaron más de 100 km. Los centros fueron misteriosamente abandonados hacia el fin del período clásico. Investigaciones sostienen que se debió a la superpoblación y la consecuente falta de recursos; otras, que fueron saqueados por guerras; otras suponen que grupos invasores de México provocaron la caída de los centros.

Tropas españolas, al mando de Pedro de Alvarado, penetraron en el territorio en 1524, y fundaron la ciudad de Guatemala. En 1526 controlaban todo el país. Éste vivía la transición y el reajuste de los pueblos surgidos del tronco común maya: K’iche’, Kaqchi’, Mam, Q’eqchi’, Poqomchi’, Q’anjob’al, Tz’utujiil (entre otros), lo que favoreció a los invasores, aunque la conquista enfrentó una fiera resistencia.

En el siglo XVIII, la invención europea de colorantes artificiales causó una crisis económica en Guatemala, exportadora de tintes vegetales y el café devino en cultivo masivo. El 15 de setiembre de 1821, terratenientes, comerciantes y autoridades coloniales, junto a México, proclamaron pacíficamente la independencia de la Capitanía General del Reino de Guatemala (que incluyó los cinco países centroamericanos). En 1823, independizada de México, Guatemala fue el centro político-administrativo de las Provincias Unidas de Centroamérica.

En 1831, el gobierno, agobiado por las deudas, entregó tierras a Inglaterra para la explotación maderera, dando lugar al territorio colonial de las «Honduras Británicas» (hoy Belice). La federación colapsó en 1838, en parte por un levantamiento militar liderado por Rafael Carrera (quien controló el poder hasta su muerte en 1865), y por la política imperial británica orientada a dividir las naciones americanas. En 1847 el Estado de Guatemala fue formalmente creado. Con la Reforma Liberal de 1871 los indígenas perdieron tierras comunales, incorporadas por los terratenientes a la producción de café. La lucha liberal-conservadora marcó la vida guatemalteca del siglo XIX.

Entre 1898 y1920 gobernó Manuel Estrada Cabrera. El llamado «cabrerismo» permitió a capitales estadounidenses adueñarse de los ferrocarriles, los puertos, la producción de energía eléctrica, los transportes marítimos, los correos internacionales y de grandes extensiones de tierra, donde la United Fruit Company (UFCO), cultivaba banano. Cabrera persiguió a los políticos de la oposición, desconoció los derechos individuales y amordazó a la prensa.

El general Jorge Ubico Castañeda (último representante de la generación militar de 1871), fue elegido presidente por el Partido Liberal en 1931, y derrocado por un levantamiento popular en 1944. Adoptó una política ampliamente paternalista hacia los indígenas y su Ley de vagancia los destinó a trabajos forzados en las estaciones más críticas. Ubico, llamado «Tata», escuchaba los reclamos laborales, e impartía inmediata justicia. El descontento creció con las dificultades económicas de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, una huelga general forzó la renuncia del mandatario.

Ese año, la «Revolución de Octubre», convocó a elecciones: venció Juan José Arévalo, quien impulsó reformas económicas y sociales, y la apertura política. En 1945 se estableció el voto femenino (excluyendo a las analfabetas), y surgió el primer sindicato campesino. La reforma agraria expropió a la UFCO tierras ociosas que tenía en reserva: el gobierno de EEUU calificó el hecho como una amenaza a sus intereses. Se desató una campaña anticomunista contra los gobiernos democráticos de Arévalo y de su sucesor, Jacobo Arbenz Guzmán (quien asumió en 1951, apoyado por los comunistas y continuó las reformas).

John Foster Dulles –accionista y abogado de UFCO y secretario del Departamento de Estado– presionó a la OEA a condenar la reforma de Arbenz; Allen Dulles –director de la CIA y ex presidente de UFCO– organizó la invasión desde Honduras en 1954. Arbenz fue forzado a dimitir y el coronel Carlos Castillo Armas (presidente provisorio, oficializado mediante referéndum) devolvió las tierras a UFCO (luego United Brands). Armas eliminó la influencia comunista, frenó la reforma agraria y disolvió los sindicatos con considerable violencia. Logró restablecer la inversión extranjera; fue asesinado en 1957.

Se inició luego una sucesión de gobiernos militares o tutelados por éstos: las elecciones de 1970, 1974, 1978 y 1982, fueron fraudulentas y favorecieron a la cúpula castrense. En ese entorno nació el movimiento revolucionario armado: Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR, 1962), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP, 1975), Organización del Pueblo en Armas (ORPA, 1979). En 1982, surgió la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), integrada por: FAR, EGP, ORPA y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Organizaciones de derechos humanos estimaron que la represión gubernamental cobró unas 80 mil víctimas desde 1954 a 1982.

El 31 de enero de 1980 la Embajada de España en Guatemala fue asaltada por militares, bajo las órdenes del presidente Fernando Lucas García. Debido a un incendio, provocado por los asaltantes, 36 personas murieron, entre las que se encontraba Vicente Menchú –padre de la activista Rigoberta Menchú–. En consecuencia, el gobierno español rompió relaciones diplomáticas con Guatemala.

Apenas realizadas las elecciones de 1982, que otorgaran el gobierno al general Aníbal Guevara, un grupo de oficiales tomó el gobierno e impuso una junta liderada por el general Efraín Ríos Montt (quien había sido candidato en las elecciones de 1974 por una coalición de partidos militares). En el primer año de su gobierno fueron asesinados más de 15 mil guatemaltecos, 70 mil se refugiaron en países vecinos –especialmente México–, unos 500 mil se internaron en las montañas, para huir del ejército, y centenares de poblaciones rurales fueron devastadas. Se multiplicaron las «aldeas modelo», a las que se trasladaba campesinos, obligados a producir para exportar y no para susbsistir. Las condiciones sociales y económicas empeoraron debido a la ineficacia del gobierno, que llevó la violencia política a niveles de gran intensidad.

En 1983, Ríos Montt fue depuesto por un golpe militar –orquestado por la CIA– y asumió el general Oscar Mejía Víctores, quien prometió retornar a la democracia. En 1984, se eligió una Asamblea Constituyente para redactar una ley fundamental (sustitutiva de la de 1965), nuevas leyes de amparo, hábeas corpus y elecciones. Diecisiete partidos postularon candidatos, pero la izquierda fue forzada a abstenerse. La Constituyente aprobó el derecho de huelga de los estatales, autorizó el regreso de dirigentes exiliados del Partido Socialista Democrático y convocó a elecciones para 1985, que fueron ganadas por Marco Vinicio Cerezo (democristiano), bajo cuyo gobierno se alcanzaron algunos progresos democráticos.

En 1987, la URGN y el gobierno se reunieron en Madrid, en las primeras negociaciones directas entre el Estado y la guerrilla tras 27 años de enfrentamiento. La Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), creada en el marco del plan de paz para Centroamérica, actuó en el Acuerdo «Esquipulas II», (firmado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Ese año, en Oslo (Noruega), la guerrilla y el gobierno acordaron pautas para la CNR y ONU. En 1990, pese a persistir persecuciones y asesinatos políticos, se firmó en Madrid un acuerdo básico para la paz en Guatemala, suscrito por: CNR, partidos políticos y la URNG.

A fines de 1990 se estancaron las negociaciones y el escepticismo ciudadano llevó a una abstención del 70% en las elecciones presidenciales. En 1991, en la segunda vuelta electoral, fue electo Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria. Serrano y la URNG reanudaron las negociaciones, en Cuernavaca (Méjico), tras más de 30 años de violencia, y se comprometieron a alcanzar un acuerdo firme y duradero: la agenda incluyó democratización, derechos humanos, fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, identidad y derechos de los pueblos indígenas, reformas constitucionales y régimen electoral, aspectos socioeconómicos y situación agraria, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas y la incorporación de la guerrilla.

Organizaciones humanitarias informaron que, en los primeros nueve meses de gobierno de Serrano, ocurrieron más de 1.700 violaciones a los derechos humanos, de las que unas 650 fueron ejecuciones extrajudiciales y muertes de niños de la calle, menores de seis años.

En 1991, EEUU suspendió la ayuda militar a Guatemala. La URNG exigió el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos. Serrano reconoció, ese año, la soberanía y autodeterminación de Belice (ex colonia británica que proclamó su independencia en 1981): el anuncio provocó la renuncia del canciller Alvaro Arzú, líder del Partido de Avanzada Nacional (PAN), aliado del oficialismo.

Al año siguiente se debatió a nivel nacional sobre la supervivencia de grupos armados por el Ejército (como las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC); la Iglesia Católica criticó la política económica y se pronunció a favor de la reforma agraria; las organizaciones indígenas demandaron la ratificación del Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales. El gobierno creó la fuerza Hunapú formada por Ejército, Policía Nacional y Guardia de Hacienda, que sustituyó al Sistema de Protección Civil; ese año miembros de Hunapú intervinieron en una manifestación estudiantil que reclamaba mejoras en la educación: un estudiante fue muerto y varios fueron heridos. EEUU, el Banco Mundial y el Parlamento Europeo presionaron al gobierno para detener la violencia política. Ese año, durante el Quinto Centenario de la llegada de los españoles, Rigoberta Menchú, líder indígena de la etnia quiché, recibió el Premio Nobel de la Paz.

En 1993, Serrano apoyado por militares, dio un autogolpe: derogó varios artículos de la Constitución y disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Ante el rechazo nacional e internacional y la presión de EEUU, Serrano abandonó la presidencia. Lo sucedió el ex procurador de Derechos Humanos, Ramiro De León Carpio, quien inició una depuración de los militares que secundaron a Serrano; poco después Jorge Carpio Nicolle, líder de la Unión de Centro Nacional y primo del presidente, fue asesinado. El Plan de Gobierno 1994-1995 reafirmó el ajuste estructural, dio prioridad al cese de la intervención estatal en la economía, a la reforma financiera y a privatizar empresas públicas.

Pese a la intensa campaña contra las PAC y el servicio militar forzoso, Carpio, contrariando su anterior posición, afirmó que mantendría ambos institutos mientras no se solucionara el conflicto armado. Su gobierno declaró desaparecido el archivo que incluía expedientes de ciudadanos «peligrosos» para la seguridad del estado, lo que eliminó pruebas contra responsables de violaciones a los derechos humanos. Carpio declaró luchar contra la corrupción del estado: en 1994 exigió la renuncia de los diputados y de la Corte Suprema de Justicia, lo que inició un enfrentamiento entre el presidente y el Congreso. La pugna entre intereses económicos y partidarios culminó con una propuesta de reforma constitucional, pactada entre el Ejecutivo y el Congreso.

Un local de la OEA fue ocupado por militantes del Comité de Unidad Campesina y de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala y unos 5 mil indígenas marcharon exigiendo la disolución de las PAC. En 1994 –sin mediar un cese del fuego– el gobierno y la guerrilla firmaron acuerdos para reubicar la población desplazada por el conflicto armado: más de 800 personas se asentaron en Chaculá, Nentón y Huehuetenango, pero la mayoría de las regiones de reasentamiento permanecieron bajo control del ejército. Ese año el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció la independencia de Belice, pero mantuvo el reclamo territorial en tanto no se estableciera una frontera. El gobierno y la URNG ratificaron disolver las PAC, además de la participación de la ONU en los derechos humanos; poco después fue asesinado el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón.

En Oslo, en 1994, la URNG y el gobierno firmaron el «Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado», reconociendo las Comunidades de Población en Resistencia como población civil no combatiente y la importancia vital de la tierra para las poblaciones desarraigadas. El segundo acuerdo de Oslo contempló no individualizar los responsables de violaciones a los derechos humanos a fin de neutralizar los sectores contrarios a una salida negociada. La ONU reportó la impunidad como el mayor obstáculo para los derechos humanos, así como cientos de casos de torturas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

En las elecciones de 1995, Alvaro Arzú (Partido Progresista Nacional), se impuso a Alfonso Portillo Cabrera, del FRG: la abstención fue del 63%. En 1996, Arzú y la URNG firmaron –en Europa, Méjico y Guatemala– sucesivos acuerdos de paz que pusieron fin –tras 36 años– a la guerra civil que costó más de 200 mil vidas: el cese del fuego fue respetado. En ese momento el 80% de la población guatemalteca vivía por debajo de la línea de pobreza.

En 1998, el pasaje del huracán Mitch por Centroamérica dejó unos 24 mil muertos, 256 de ellos guatemaltecos. Más de 100 mil personas perdieron su hogar y las pésimas condiciones sanitarias, dejaron al país en «situación de emergencia».

La investigación de delitos contra derechos humanos del período de guerra produjo una avalancha de amenazas contra investigadores y miembros del poder judicial. Luego de presentar un informe que condenaba a militares por las matanzas, el obispo Juan Gerardi fue asesinado en 1998. El fiscal actuante en el caso solicitó asilo a EEUU, alegando presiones y amenazas de muerte. Ese año el gobierno hizo desenterrar centenares de cuerpos sepultados en terrenos de una unidad de élite de la policía en la capital: la ONU estimó que el 96% de las muertes fueron responsabilidad del ejército. En la segunda vuelta de las elecciones de 1999, con una abstención del 59%, Alfonso Portillo (FRG), derrotó a Oscar Berger (PAN).

En 2001, la sequía generó una hambruna que causó la muerte a más de 40 personas. Portillo declaró «estado de calamidad nacional», y solicitó ayuda internacional; el informe de la ONU ratificó que el 80% de la población vive en la pobreza extrema.

Debido a amenazas de muerte, dos fiscales y una jueza que investigaron el asesinato de Gerardi se autoexiliaron: antes de partir la jueza Yassmin Barrios envió a la cárcel a tres militares y un sacerdote responsables del hecho. Según la Corte Suprema, en 2001, 23 jueces fueron amenazados: Param Cumaraswamy, miembro de ONU para la Independencia Judicial, declaró que «La impunidad sigue reinando en Guatemala, y el gobierno no ha dado muestras de voluntad política para terminar con esa situación».

En 2002, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala quitó la inmunidad parlamentaria a Ríos Montt y a 23 diputados; esto favorecería el procesamiento del ex presidente del Congreso por alterar montos de una ley impositiva en favor de una empresa de bebidas alcohólicas. La Fundación Rigoberta Menchú (FRM) abrió en 2001 una causa ante la justicia española, bajo cargos de genocidio, torturas y desaparición forzada de personas, en busca de una vía alternativa que procesara a Ríos Montt y a los militares responsables de la muerte de 200 mil guatemaltecos. Ese año fue asesinado Guillermo Ovalle de León, miembro de FRM. Un gran número de defensores de los derechos humanos, periodistas y personas que buscaban esclarecer los crímenes, fueron intimidados y atacados.

En 2002, Guatemala y Belice acordaron un borrador que terminaría el largo enfrentamiento fronterizo. Para dirimir el asunto, ambas naciones implementarían plebiscitos. Ese año, Portillo fue acusado de desviación de fondos públicos a cuentas personales en el extranjero: los periodistas Rodolfo Flores, (Siglo XXI, Guatemala) y Rolando Rodríguez, (La Prensa, Panamá), revelaron la apertura de cuentas bancarias en Panamá, en bancos locales y off shore de funcionarios, amigos y familiares del presidente y de su vicepresidente. Portillo acusó a la prensa de «sobredimensionar los casos de corrupción con fines partidarios».

En 2003, la Corte Española admitió el recurso promovido por la FRM para procesar a seis militares, entre ellos a Ríos Montt, y a dos civiles, por los asesinatos de cuatro sacerdotes y tres diplomáticos de nacionalidad española. En Guatemala, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) presentó una demanda contra Ríos Montt, por el genocidio contra pueblos indígenas. Las organizaciones de derechos humanos esperan que los tribunales españoles tramiten órdenes internacionales de captura contra los denunciados.

Ese año, Oscar Berger (Gran Alianza Nacional), triunfó ante Álvaro Colom, de Unión Nacional de la Esperanza. La Misión de Verificación de la ONU en Guatemala (MINIGUA) presentó un informe acerca de los hechos que rodearon las elecciones: actos de intimidación, acoso, persecución y asesinato de activistas y líderes de los partidos políticos de la oposición, sobre todo en el interior del país. Los ex Patrulleros de las PAC contribuyeron con violencia al clima de inseguridad, según el Comité Campesino del Altiplano (CCDA). Partidarios de Ríos Montt realizaron violentas jornadas de protesta, en reclamo de su candidatura en los comicios. Diversas entidades y defensores de derechos humanos acusaron al FRG de instigar los hechos, en los que murió un periodista y otros fueron atacados.

Berger, que asumió un país inmerso en la pobreza y la inseguridad, se comprometió a fortalecer la confianza en las instituciones, a invertir en salud, educación y tecnología, a combatir la corrupción e implementar un plan de seguridad ciudadana. Además, a recuperar la infraestructura productiva, e invertir en carreteras, puertos y aeropuertos, modernizar la Policía Nacional Civil y, combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Al asumir en 2004, Berger invitó repetidamente a Rigoberta Menchú y a la líder social Helen Mack Chang (una administradora de empresas que desarrolló muchos proyectos sociales y cuya hermana fue asesinada) a trabajar junto a su gobierno. Finalmente ambas aceptaron la propuesta. Menchú acordó ayudar en la supervisión de la aplicación de los Acuerdos de Paz de 1996. Ese mismo año, el gobierno y la ONU, firmaron un acuerdo para crear una Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, encargada de investigar a los responsables de violencia política.

Tras una jornada de protestas en todo el país, el Congreso aprobó en noviembre una ley de «urgencia nacional» para compensar económicamente a ex paramilitares. Alrededor de 10 mil manifestantes bloquearon los caminos, puertos y aeropuertos para exigir el pago inmediato del dinero autorizado –más de 100 millones de dólares. La Corte de Constitucionalidad había rechazado recientemente una ley similar, debido a una solicitud de organizaciones de DDHH, que sostenían que los ex paramilitares no deberían ser compensados pues cometieron atrocidades –entre 1960 y 1996– durante la guerra civil.

El informe de Desarrollo Humano de 2005 señaló que cinco de cada 10 habitantes de Guatemala seguían siendo pobres y que, de éstos, uno de cada cinco era paupérrimo, lo que mostraba que los indicadores se mantenían invariables desde 2002. El área más afectada del país era la noroccidental, con mayor concentración de población indígena, donde 1,2 millones eran pobres. La seguía el norte, que registraba 809 mil personas en situación de pobreza. En cifras generales, el 60% de los guatemaltecos vivía en la pobreza, y el 20% de ellos en la pobreza extrema.

En mayo de 2005, la representante del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció que unos 436 mil menores de entre 5 y 17 años eran explotados laboralmente en el país. Las peores condiciones se registraban en el campo, donde estaba el 18,4% de los niños que realizaban labores propias de adultos. Muchos niños comenzaban a trabajar en la agricultura a partir de los 5 o 6 años. A esta edad, el trabajo afecta tanto su salud como su desarrollo.

La tormenta tropical Stan asoló el país en octubre de 2005, sembrando muerte y destrucción y hundiéndolo aún más en la pobreza y violencia que padecía. Más de un millar de personas murieron, y unas 250 mil, la mayoría indígenas y la mitad menores de edad, perdieron sus pertenencias y hogares. La ONU sentenció que Stan podría sumergir en la pobreza extrema a muchos habitantes de Guatemala, por lo que exigió a la comunidad internacional un aporte de por lo menos 22 millones de dólares. El presidente Berger pidió ayuda urgente para atender las necesidades inmediatas en agua, alimentos y servicios de salud.

Para mayo de 2006 se había establecido que el número de mujeres asesinadas por día en el país seguía creciendo (ver sección «Temas»), y llegaba a dos por día. Sin embargo, ningún asesino había sido condenado.

La violencia contra niños y adolescentes se volvió moneda corriente en los últimos tiempos. El 23 de marzo de 2006 un grupo de niños que se dirigía a un colegio de la capital fue atacado a balazos por un grupo de presuntos pandilleros. Cuatro días más tarde, un niño de 11 años fue secuestrado y luego asesinado. Según distintas organizaciones que trabajan en el tema, la inacción del gobierno dejaba un promedio diario de dos menores de edad asesinados.

El envío de remesas al país, en los primeros seis meses de 2006, fue de 2.051 millones de dólares, lo que significó un incremento de 21% respecto al mismo período de 2005. El envío de remesas por parte de guatemaltecos radicados en el exterior, principalmente en Estados Unidos, era la segunda fuente de ingreso de divisas para el país, apenas superada por las exportaciones.

A fines de julio, Berger anunció que denunciaría a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por prácticas desleales de comercio (dumping). Según el mandatario, Estados Unidos exigía que se le compraran piezas de pollo a un menor precio del que se establece en la OMC.

El 29 de mayo falleció el ex gobernante militar de Guatemala, Fernando Lucas García, en la ciudad venezolana de Puerto la Cruz, donde residía desde 1982,. García había sido pedido en extradición por la justicia española en 2005 para enfrentar cargos relacionados a la muerte de siete ciudadanos españoles durante su mandato. El pedido fue rechazado por la justicia venezolana alegando que la documentación necesaria no había sido presentada en fecha.

Una modalidad ancestral de castigo, empleada por los mayas para con quienes cometían delitos, fue reflotada en distintas comunidades del país, y aplicada a personas acusadas de vender niños. El castigo consistía en azotar a los hombres y rapar a las mujeres y también en mantenerlos hincados de rodillas sobre piedras. A su vez, los acusados eran expulsados de sus comunidades. Un líder de una comunidad, Antonio Cotí, señaló que: «no estaba bien que tengan hijos sólo para venderlos, por eso han sido sometidos al castigo y expulsados de la comunidad, para que no impliquen a más gente en este tipo de acciones».

En mayo de 2007, Naciones Unidas publicó un informe según el cual los asesinatos se habían incrementado un 60% en el último quinquenio en Guatemala. Sólo en 2006 habían sido asesinadas casi seis mil personas. Para la politóloga de la Universidad de Londres, Rachel Sieder, las razones del fenómenos eran múltiples: «el largo encubrimiento de violaciones a los derechos humanos por parte de actores estatales; un poder judicial débil, corrupto e ineficaz; y una profunda falta de confianza de parte de la sociedad civil hacia el sistema judicial».

Páginas y Enlaces de Interés

  1. Contreras, José Daniel. «Origen del nombre Guatemala». Revista Vida Diplomática.
  2. «Política nacional y estrategias para el desarrollo del sistema guatemalteco de áreas protegidas». Consejo Nacional de Áreas Protegidas (USAID y Gobierno de Guatemala):
  • Mapas de Guatemala
  • FAO/Guatemala
  • Embajada de Guatemala en Chile: Dirección: Zurich No. 255, Oficina #55 Las Condes, Santiago Teléfono local: (02) 2586.4430 internacional: +56.2.2586.4430 Fax local: (02) 2586.4437 internacional: +56.2.2586.4437 Email embchile@minex.gob.gt

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