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Congreso Constituyente de 1823

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12 de agosto de 1823

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Contenido

El nuevo Director Supremo Ramón Freire, surgido de la crisis de la abdicación de Bernardo O’Higgins, convocó a un congreso constituyente con el propósito de dar a la República un texto constitucional que responda a las necesidades y aspiraciones del país, abriendo un proceso de convocatoria que puso en movimiento a las asambleas provinciales.

En las condiciones del incipiente sistema político y electoral chileno de los años de 1820, la convocatoria a un congreso constituyente se hizo sobre la base de un padrón único de los ciudadanos electores habilitados según un conjunto de requisitos como edad, sexo masculino y posesión de una propiedad inmueble, entre otros. Los electores concurrían hasta una asamblea provincial de ciudadanos donde emitían su sufragio y elegían diputados constituyentes titulares y suplentes por cada distrito territorial o partido.

El 12 de agosto de 1823 se instaló el primer Congreso Nacional en Chile que tuvo un carácter constituyente.

Función

El congreso constituyente de 1823 se ocupó de redactar una nueva Constitución -observe que el cuerpo legislativo demoró 4 meses en redactar un texto constitucional- pero además se ocupó en el resto de los asuntos y proyectos que el Ejecutivo enviaba al legislativo. En los hechos sin embargo, el texto constitucional discutido en el Congreso Constituyente fue redactado inicialmente por una comisión redactora de 5 diputados, sobre la base de un texto borrador elaborado por Juan Egaña en 1811 y publicado en 1813, pero las divergencias dentro de este comité obligaron a llevar al plenario la propuesta de Egaña.

La Constitución de 1823, emanada de esta asamblea legislativa constituyente tuvo escasa vigencia ya que su extenso y complejo articulado, que fue redactado bajo la influencia del Presidente del Congreso el jurista Juan Egaña, resultaba excesivamente engorrosa para su adecuada aplicación en un país y un nobel Estado que carecía de la tradición jurídica y administrativa suficiente.

Dos aspectos del proceso constituyente de 1823 y de 1826, nos parecen relevantes a destacar a la luz de la aspiración ciudadana actual por una asamblea constituyente y habida cuenta de las enormes distancias históricas con aquellos eventos: la importancia política de las asambleas provinciales de la época y la ausencia de conflictos políticos o militares que pudieran reflejar tensiones alrededor del proceso constituyente.

No se trata de idealizar el experimento constituyente de 1823 y 1826: queremos poner el acento en algunos aspectos políticos de ese proceso que merecen análisis y reflexión.

Poco ha dicho la crítica histórica sobre el hecho que en las elecciones de diputados al congreso constituyente de 1823, triunfó el sector político de una definición ideológica más conservadora y tradicionalista encabezados por Juan Egaña. Importa subrayar aquí la influencia que ejercían las asambleas provinciales en la decisión política de los territorios en que se dividía el Estado de Chile. En ese momento de nuestra historia no existían partidos ni grupos políticos claramente definidos, las corrientes o’higginistas y carrerinas al interior de la oligarquía criolla eran fuertes a pesar de la ausencia física de Carrera y O’Higgins y el grupo de diputados convencionales o constituyentes de inspiración más liberal quedaron en minoría en dicha asamblea.

La formación de una asamblea constituyente, por tanto, no garantiza automáticamente que a la hora de elegir a los constituyentes, el sector más avanzado o progresista de la clase política vaya a obtener la mayoría de los escaños. Por otra parte, al revisar las actas de las sesiones del Congreso Constituyente, resulta claro que inicialmente se discutió dentro de esa asamblea un solo proyecto de nueva Constitución: aquel elaborado y propuesto por Juan Egaña. En una asamblea constituyente se pueden poner en discusión más de un proyecto de Constitución. Más adelante en el curso del debate legislativo la oposición liberal logró introducir otro proyecto constitucional.

Para darle aún mayor apertura al contenido del debate constituyente, el presidente del Congreso estableció que “se permita el uso de la tribuna a todo ciudadano que quisiese hacer observaciones sobre la Constitución.”[1]. No deja de ser significativo que al final de las deliberaciones del Congreso Constituyente los legisladores liberales se opusieron al texto aprobado, en nombre de la doctrina jurídica de J.J. Rousseau y de J. Bentham.

En algún momento de los trabajos, los legisladores liberales propusieron un texto constitucional alternativo mientras figuras tan respetadas como Camilo Henríquez y Manuel de Salas se oponían y criticaban el proyecto de Egaña por utópico e irrealizable, el que finalmente fue aprobado el 27 de diciembre de 1823.

El congreso constituyente de 1823 tuvo un orígen ciudadano, conforme a los cánones y criterios de la ciudadanía a inicios de la República, pero su producto final fue una Constitución Política que resultó impracticable.

LA FALLIDA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1822.

No podría considerarse exactamente una asamblea o congreso constituyente la Convención Constituyente convocada por Bernando O’Higgins en 1822 y que tenía por objeto “…poner los cimientos de la ley fundamental, que es la alianza entre el pueblo y el gobierno…”[2], debido a la abierta intervención del gobernante en la designación de los candidatos elegidos a dicho cuerpo legislativo. De allí emanó la controvertida Constitución de 1822 (inspirada en la Constitución liberal española de 1812), que significaba la prolongación automática del mandato del Director Supremo por diez años más y cuyo rechazo mayoritario en el país dio origen al movimiento que obligó a O’Higgins a renunciar.

Sin embargo, anotamos que en dos momentos sucesivos de la historia republicana de Chile, el gobierno convocó a un legislativo constituyente con el mandato principal de dedicarse a redactar una nueva Constitución.

La abdicación del Director Supremo Bernardo O’Higgins en 1822 fue el resultado de un intenso proceso de agitación regional y regionalista contra la decisión del mandatario de promulgar una Constitución Política que entre otras medidas, aseguraba la continuidad de O’Higgins en el poder. La nueva Constitución o’higinista, promulgada el 30 de octubre de 1822 ocasionó una reacción política casi generalizada de rechazo. Las asambleas provinciales de La Serena y Concepción desconocieron el nuevo texto constitucional y desplegaron actividades militares que apuntaban hacia el riesgo de una guerra civil.

Ante un Cabildo abierto en Santiago constituido por la oligarquía criolla santiaguina, O’Higgins renunció a su cargo el 28 de enero de 1823.


  1. (Encina, F..: Historia de Chile. Vol. 17. Santiago, 1983. Editorial Ercilla. p. 51)
  2. [Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de Chile, Tomo VI, pp. 27-28]

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