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Conflicto del Beagle 1978

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Presentación

El Conflicto del Beagle fue un desacuerdo entre la República de Chile y la República de Argentina sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal, y al este del meridiano del cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes.

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A finales de los años 70, las dictaduras militares de Argentina y Chile estuvieron a punto de desatar un conflicto en el Cono Sur a cuentas de un problema fronterizo en su extremo más austral: el Canal de Beagle. El conflicto mostró la dificultad de negociar asuntos fronterizos entre dos dictaduras autoritarias, dispuestas a desencadenar un conflicto bélico a cuentas del orgullo nacional, a pesar de estar en el mismo bando de la Guerra Fría y cometer ambos extensas violaciones de DDHH contra la oposición de izquierdas.

Desde el siglo XIX ambos países arrastraban un complejo conflicto fronterizo a cuentas de un inmenso límite de más de 5000 kilómetros, en especial en el extremo Sur. Este era de más reciente conquista y una importancia geopolítica crucial, ya que controla marítimamente el cabo de Hornos, único paso interoceánico natural entre el Pacífico y el Atlántico junto al artificial canal de Panamá, además de ser clave para reclamar derechos en la Antártida y los recursos que puedan contener esas inmensas aguas.

En 1881 se firmó un tratado en el que Argentina renunciaba a las costas y aguas del Estrecho de Magallanes, mientras que Chile hacía lo propio con la Patagonia. Esto último para Chile era una dolorosa renuncia al Atlántico, solo posible al estar a su vez en conflicto con Bolivia y Perú. El escrito también adjudicaba a Chile “todas las islas al sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que haya al occidente de Tierra de Fuego”. La ambigüedad de esta frase, al no mencionar expresamente por donde pasaba exactamente el Canal de Beagle ni que islas e islotes quedaban a un lado y a otro, será el origen de las nuevas disputas. Estas tendrán su epicentro en torno a las islas Picton, Nueva y Lennox, pero también en otros islotes menores y el dominio de los enormes mares circundantes.

Durante las décadas siguientes, el litigio siguió latente, con constantes intentos fallidos de resolverlo, mientras Chile colonizaba las islas en cuestión. Las reclamaciones diplomáticas y los incidentes menores se sucedían y, tras múltiples fracasos, a principios de los años 70, Chile llevó la disputa al arbitraje de la Corona Británica. Sorprendentemente, Argentina, en principio más partidaria de una solución bilateral que de una jurídica a priori desfavorable, aceptó ese arbitraje. Inglaterra formó un tribunal con cinco magistrados de la Corte Internacional de Justicia, que falló unánimemente a favor de Chile en mayo de 1977. En esa fecha, a un lado de los Andes estaba al mando el general Augusto Pinochet y, al otro, una junta militar con el también general Jorge Rafael Videla al frente.

Pueden parecer regímenes similares, pero la toma de decisiones era muy diferente en cada uno de ellos, lo que afectará de lleno al conflicto que habría de venir. El poder en la dictadura chilena estaba muy concentrado en el dictador y su entorno. Sin embargo, en la parte argentina la situación era más caótica, ya que el poder lo compartían las tres ramas de las fuerzas armadas, con intereses y lealtades muy diversas que minaban la presidencia. Esto, con sectores del ejército, y especialmente la Armada, clamando por la “patria mutilada” y una posición intransigente, era potencialmente peligroso.

Así pues, tras conocer el arbitraje, el gobierno chileno se apresuró a reconocerlo, instalando a su vez puestos militares en las islas. Sin embargo, la respuesta argentina fue tajante, anunciando el canciller César Guzzetti que “ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación o que perjudique derechos de soberanía que hayan sido expresamente sometidos a la decisión del árbitro”. Videla se encontraba muy presionado por los sectores belicistas de su propio ejército, y optó por forzar una solución negociada con Chile mediante una extensa movilización militar a modo de presión y ultimátum. Los duros veían la oportunidad de doblegar a un Chile debilitado, con la justicia internacional de su parte pero muy aislado internacionalmente, ya que había tenido la osadía de llevar la violación de DDHH a la mismísima capital de EEUU y torturar a una doctora británica.

Este aislamiento internacional, incluida la dificultad de rearmarse -que provocó que Chile acudiese a mercados asiáticos en negro y a sobreprecio-, hizo que la dictadura de Pinochet apostara por una estrategia defensiva. Esta consistía en intensivos entrenamientos de sus fuerzas armadas y la fortificación a conciencia de los territorios en liza, esperando una posible ofensiva argentina. La intención era enfrentarla o disuadirla, a la vez que se abría a negociar a pesar de tener la legalidad internacional de su lado. Si bien los números y el armamento estaban en contra del lado chileno, no debía subestimarse la fortificación de sus posiciones y su moral, unida al mito de invencibilidad en diversos conflictos con sus vecinos (Perú, Bolivia). Además, estamos en los años posteriores a las sorprendentes victorias israelíes frente a sus numerosos adversarios, un paralelismo que el ejército chileno estudió detenidamente.

En la segunda mitad de 1977 y durante 1978, tuvieron lugar intentos de una negociación bilateral con diversos encuentros entre los dictadores (enero y febrero de 1978, en Mendoza y Puerto Montt). Pero el fracaso de las negociaciones y la posición argentina, calentaron a los sectores duros del gobierno chileno, partidarios de seguir la vía jurídica en la Corte Penal Internacional de la Haya, y a la prensa nacionalista de ambos países, siempre incendiaria. Si bien en Argentina el propio Videla tenía sus dudas, la presión interna y el temor a ser derrocado en caso de contradecir a los intransigentes le empujaron a apostar definitivamente por la escalada militar.

La guerra estaba definitivamente sobre la mesa. Ambos países movilizaron sus tropas en la frontera, los argentinos preparando una ofensiva y los chilenos una defensa y posterior contraofensiva. Todo esto alarmó a ciertos actores internacionales. Por un lado estaba EEUU que, en un contexto de Guerra Fría, veía con horror como dos dictaduras militares y anti-comunistas en su área de influencia estaban a punto de chocar. Por otro lado, estaba la Iglesia Católica, preocupada de ver a dos países católicos enfrentados, y con una enorme influencia y autoridad moral sobre sus respectivas fuerzas armadas. Desde sectores militares, especialmente por el propio Videla, se ha dicho sin ninguna prueba que la URSS y Cuba trataron de empujar para que las negociaciones fracasaran y el conflicto estallase.

La tensión también atrajo a otros actores potencialmente interesados por el conflicto a nivel regional frente a un enemigo común, ya que Chile estaba pendiente de las aspiraciones de Perú y Bolivia, a la vez que Argentina tenía frentes abiertos con Brasil y Reino Unido (Malvinas). Al parecer hubo infructuosas consultas argentinas para garantizarse el apoyo peruano, país que precisamente unos años antes, en 1975, también había planeado atacar a Chile para retomar junto a Bolivia el territorio perdido un siglo antes en la Guerra del Pacífico (1879 – 1884). Los planes fueron frustrados ya que, a diferencia de su predecesor, el general peruano Francisco Morales Bermúdez no tenía ningún ansia por invadir Chile con el numeroso armamento soviético comprado, desaprovechando la oportunidad histórica que Argentina le brindaba de hacer una pinza mortal a un país sin profundidad estratégica. Su proyecto no era la guerra contra Chile, sino cambiar la brújula económica y política del país, sin romper con la URSS.

El asesinato del ex-canciller chileno mediante una bomba Orlando Letelier en Washington (1976) enturbió definitivamente la imagen de Pinochet en el exterior. Una cosa era violar los DDHH en el interior como hacían Argentina y Chile, otra llevar estas violaciones a ciudadanos extranjeros o a las mismas puertas de la Casa Blanca.

En 1975 el general peruano Juan Velasco Alvarado planeó invadir Chile en una masiva ofensiva utilizando el numeroso y avanzado material soviético (T-55) que había adquirido. El Golpe de Estado de Augusto Pinochet fue una razón para este plan, ya que el general era aliado de la URSS y Cuba, y tenía una buena relación con Salvador Allende. Pero el motivo principal fue sin duda retomar Arica, el territorio perdido un siglo antes. El plan se frustró por la delicada salud del general y decisión de su sucesor, el general Francisco Morales Bermúdez, de evitarlo. Esto no impidió que el Norte de Chile se sembrara con 80.000 minas y enormes fortificaciones, amenazando con llevar la Guerra Fría en Sudamérica a un nivel interestatal, más allá de la guerrilla y el foquismo.

Retomando el hilo de los acontecimientos en el Canal de Beagle, a finales de diciembre de 1978 la guerra se aproximaba peligrosamente. Entre los días 21-22 la sangre estuvo a punto de llegar al río, con la proyectada Operación Soberanía por parte de Argentina. Esta consistía en una invasión terrestre y naval argentina sobre las zonas en litigio y el Chile continental, fuertemente protegidas por la armada y el ejército chilenos. Más de 100.000 soldados argentinos se desplegaron en la frontera chilena, mientras las inferiores fuerzas chilenas se preparaban para enfrentar la arremetida y ambas flotas se disponían a colisionar.

In extremis, la presidencia argentina logró arrebatar el control de las negociaciones al ala dura, haciéndolo recaer en diplomáticos civiles. De este modo, se posibilitaba la materialización de la mediación papal, al aceptarla también Chile. A pesar de tener la batalla legal ganada, el gobierno chileno temía un contexto internacional adverso y veía inminente la ofensiva argentina. El 26 de diciembre aterrizó en la zona el nuncio papal, el cardenal Antonio Samoré. Este comenzó una serie de contactos y negociaciones que hicieron que el 8 de enero de 1979 ambos países firmen el Acta de Montevideo, pidiendo formalmente la intervención del Vaticano y renunciando a resolver el problema por la fuerza. Era el mediador perfecto, ya que ninguno de los dos regímenes podía enfrentarse a la Iglesia, dado el enorme peso moral que tenía en sus respectivos sistemas.

La diplomacia vaticana empezó a trabajar, entregando a ambas partes una propuesta de solución en diciembre de 1980, según la cual Chile conservaba las islas con 12 millas de mar, mientras que un inmenso dominio marino de 118000 km cuadrados quedaría bajo jurisdicción argentina, aunque Chile gozaría del 50% de sus recursos. De nuevo se repitió el mismo resultado, con Chile aceptando la propuesta y el régimen militar argentino desgarrándose internamente al no poder rechazar directamente una propuesta del Vaticano, pero tampoco claudicar ante la presión interna nacionalista.

Durante numerosos meses el escenario se congeló, pareciendo estar cercano al naufragio por diversos hechos. En primer lugar, ambos países detuvieron a ciudadanos del otro acusándolos de espionaje, llegando a cerrarse la frontera por el arresto de dos oficiales argentinos. Además, en mayo de 1981 el Juan Pablo II sufre un atentado, mermando su capacidad negociadora, a la vez que falleció el nuncio papal Antonio Samoré, enviado especial fundamental en la resolución de la crisis inicial. Mientras tanto, en Argentina los halcones tomaron el poder de la mano del general Galtieri, retirándose de los acuerdos internacionales que permitían acudir a Chile a la Haya y estallando la Guerra de las Malvinas (1982) con Reino Unido. Se trataba de una apuesta por el patriotismo para tratar de salvar al régimen, con el justificado temor chileno de que una victoria envalentonase a los militares porteños para retomar la Operación Soberanía. De hecho, Chile apoyó logísticamente a los británicos, aparte consolidarse desde entonces como puerto seguro de abastecimiento para unos isleños aislados geográficamente de su metrópoli, levantando más ampollas en el nacionalismo argentino.

La situación de bloqueo se resolvió al perder Argentina la Guerra de las Malvinas y ganar Raúl Alfonsín las elecciones (30 octubre 1983), volviendo la democracia. Se retomaron las negociaciones y, en octubre de 1984, se llegó por fin al acuerdo definitivo. Se solventaba el litigio reconociendo la soberanía chilena de las islas, 3 millas circundantes y solo 9800 km cuadrados de los 118000 en liza, aparte de garantizar unos regímenes de navegación aceptables y establecer un sistema de litigios, con el Papa como garante. Aparte de todo ello, el acuerdo iba mucho más allá, apostando por una mayor integración económica y política de ambos países, construyendo infraestructuras e intereses comunes.

Pero el asunto no terminó aquí, ya que una vez logrado el acuerdo, había que venderlo a la siempre delicada opinión pública nacional. A ambos lados no faltaron exaltados militares y nacionalistas que consideraron el tratado una traición. En el caso chileno, donde aun resistió la dictadura de Pinochet hasta 1991, se le achacó no haber seguido la vía legalista hasta el final y ceder parte del mar con una sentencia favorable. En Argentina, ya en democracia, hubo una oposición similar desde los militares, pero fue acallada de forma sonora por el gobierno de Raúl Alfonsín mediante un referéndum el 25 de noviembre en el que ganó contundentemente con un 81% a favor y una participación del 70%.

Finalmente, el 29 de noviembre de 1984 se firmó en Roma el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, ratificado en mayo de 1985 por ambos gobiernos. Se cerraba así un conflicto de un siglo y empezaba una positiva relación de vecindad tras haber estado al borde un conflicto armado. El referéndum argentino no solo dio un sí a un tratado, reforzó la democracia argentina y derrotó a los fantasmas del pasado. No solo se solventó un caramelo envenenado legado por el anterior régimen, sino que el referéndum fue la mejor materialización de que la toma de decisiones ya no se realizaba en los cuarteles. Del conflicto solo quedan ya las ruinas de las posiciones defensivas chilenas, incluidos los campos de minas que se siguen desactivando a día de hoy.

Lo que ocurrió estos años a cuenta del Canal del Beagle es un caso paradigmático de choque entre dos dictaduras militares de ultraderecha, rompiendo la visión binaria y monolítica de la Guerra Fría y dando protagonismo al arbitraje y la mediación, en este caso por parte de la Corona Británica y el Vaticano. La mediación eclesial fue efectiva en este caso, con el ejército dividido y la Iglesia unida en evitar un conflicto fratricida, pero no fue así en el caso de los DDHH, en el cual la situación inversa, con el ejército unido a su favor y la Iglesia dividida. El caso también deja al desnudo la complejidad de la toma de decisiones en una dictadura militar más allá de las apariencias y es un preludio del ataque a las Malvinas, donde las amenazas y preparativos argentinos terminarán ejecutándose con desastrosas consecuencias.

Muchas veces se analizan los conflictos que han llegado a estallar, y se olvidan aquellos que se evitaron, salvando a las poblaciones de la peor de las situaciones posibles frente a las siempre existentes voces que llaman a derramar sangre. El desastre estuvo cercano entre estos dos regímenes militares, aparentemente aliados en lo ideológico, pero enemigos en cuanto a intereses nacionales. La importancia de la nación y la religión, de las vísceras y los mitos frente a la razón queda plasmada en esta crisis que, si algo bueno nos ha dejado, ha sido la voz de León Gieco cantando a la paz, mostrando que no todo eran proclamas chovinistas.

Los hechos con detalle

Durante los primeros meses que siguieron al golpe militar de marzo de 1976 en la Argentina, pareció que los vínculos entre la Argentina y Chile iban a transitar por un camino más cercano a la concordia que al conflicto, debido esencialmente a las coincidencias ideológicas entre los gobiernos de los generales Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla. Ambos estaban combatiendo a la subversión dentro y fuera de sus fronteras, y ambos aplicaban un modelo económico inspirado en el ideario liberal. En este sentido, durante el Proceso militar continuó la cooperación argentino-chilena en materia de lucha antisubversiva que se había iniciado durante la etapa de Isabel Perón.

1976

La existencia de un consenso ideológico entre los regímenes Santiago y Buenos Aires se evidenció en ocasión de la Sexta Asamblea General de la OEA celebrada en Santiago de Chile, a principios de junio de 1976. El gobierno chileno era acusado en ese momento de violar los derechos humanos. El canciller argentino César Augusto Guzzetti asumió una actitud de apoyo al mismo, argumentando, de manera coincidente con la posición chilena, que los verdaderos violadores de derechos humanos eran los grupos terroristas y no los regímenes militares que los enfrentaban. Asimismo, la delegación argentina respaldó la tesis chilena de que la política de derechos humanos debía tratarse en un marco continental y no por casos separados -como sostenían, entre otros, los representantes de Estados Unidos y Venezuela-. Por último, el delegado argentino en la comisión Jurídico-Política de la Asamblea de Santiago, Nereo Melo Ferrer, se solidarizó con Chile respecto de la “dudosa objetividad” de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. (1)

Otra manifestación de la existencia de coincidencias en el terreno de la lucha contra el comunismo fue la declaración conjunta suscripta en septiembre de 1976 entre los cancilleres chileno y argentino, vicealmirantes César Guzzetti y Patricio Carvajal Prado. Dicha declaración expresaba la condena de ambos gobiernos al terrorismo internacional. (2)

Estas coincidencias se evidenciaron nuevamente en el texto de la declaración conjunta firmada por los presidentes Videla y Pinochet en ocasión de la visita del primero a Chile, en noviembre de 1976. En dicha declaración, ambos mandatarios

Coinciden en que el bienestar de sus pueblos sólo puede ser alcanzado en una sociedad que rechace todo tipo de violencia. Por ello, condenan al terrorismo y a la subversión internacional, en cualquiera de sus formas (...) (y) (...) exhortan a los organismos internacionales a adoptar urgentes medidas para prevenir y sancionar el terrorismo. (3)

El presidente Videla sostuvo que la unión de la Argentina y Chile estaba impulsada por “las exigencias de una realidad geopolítica”. Incluso el visitante no dudó en defender el régimen chileno, reclamando la “comprensión internacional” para los problemas de desarrollo y seguridad chilenos y argentinos. (4) Por cierto, este reclamo de Videla tendía una mano a Pinochet en un momento en que el régimen chileno era duramente criticado en la OEA, y por los países europeos.

Estas coincidencias ideológicas entre los regímenes militares argentino y chileno ayudaron a fortalecer los lazos de cooperación que en materia de lucha antisubversiva se habían desarrollado entre las fuerzas de seguridad de ambos países ya durante la etapa peronista. Así, la organización ultraderechista argentina “Milicia” de Buenos Aires colaboró en los preparativos que la agencia de inteligencia chilena DINA realizó en junio de 1976 para asesinar al ex canciller del gobierno socialista de Salvador Allende, Orlando Letelier. (5)

Por cierto, esta cooperación argentino-chilena, inscripta en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, pareció trasladarse también al ámbito económico, ya que durante la visita de Videla a Chile los cancilleres de ambos países, César Guzzetti y Patricio Carvajal, firmaron doce convenios, que abarcaron temas como la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear, la adquisición de bienes de capital y ganado reproductor, y el suministro de gas natural. (6)

No obstante, la estrecha cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países en materia de lucha antisubversiva no fue obstáculo para que los sectores “duros” de uno y otro lado de la cordillera dieran al mismo tiempo rienda suelta a sus recelos territorialistas. Las preocupaciones de estos grupos respecto del equilibrio de poder regional los llevaron al enfrentamiento en defensa del “interés nacional”. Esto se vio claramente en el conflicto que la Argentina y Chile sostuvieron respecto del canal de Beagle y, en cierta forma, también en la guerra de Malvinas.

A decir verdad, el conflicto por el Beagle fue un tema que el régimen militar heredó de la etapa peronista, durante la cual no se produjeron avances significativos. A su vez, los gobiernos peronistas habían recibido esta cuestión del ciclo militar de la llamada Revolución Argentina. Precisamente, bajo el último gobierno de este ciclo tuvo lugar el acuerdo argentino-chileno para someter sus diferencias en la zona del canal de Beagle al arbitraje de la Corona Británica. Este acuerdo fue firmado el 22 de julio de 1971, por los presidentes argentino y chileno, general Alejandro Lanusse y Salvador Allende. Así se iniciaron los trabajos de la Corte Arbitral, que pronunció su fallo seis años después.

1977

Tras largas deliberaciones, que ocuparon los últimos dos años de la Revolución Argentina, la etapa peronista y el primer año del Proceso militar, los miembros de la Corte hicieron conocer su decisión en mayo de 1977. El laudo arbitral otorgaba a Chile las islas Lennox, Nueva y Picton, ubicadas en el canal de Beagle. Mientras el gobierno de Pinochet se apresuró a reconocer el fallo, no ocurrió lo mismo del lado argentino, pues el fallo le permitía a Chile la proyección en el Atlántico, tan temida por los sectores nacionalistas argentinos.

El día 3, el canciller César Guzzetti expresó las reservas del gobierno a la decisión arbitral en un comunicado que sostuvo que “ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación o que perjudique derechos de soberanía que no hayan sido expresamente sometidos a la decisión de un árbitro”. (7)

La resolución arbitral colocó al gobierno de Videla frente a tres alternativas. Una, impulsada por los sectores “duros” del Ejército y la Marina, era de rechazo total; otra, de índole intermedia, postulaba la aceptación de la soberanía chilena en las tres islas, pero rechazando los fundamentos del laudo que le otorgaban proyección atlántica a Chile; y una tercera, impulsada por algunos sectores de la Cancillería y de la Fuerza Aérea, proponía la aceptación del fallo arbitral. (8)

Como en muchos otros temas de política interna y exterior, los integrantes de la Junta optaron por una solución de transacción. Por un lado, decidieron postergar la declaración de nulidad del fallo, a fin de evitar tensiones tanto con las autoridades de Santiago como en el propio frente interno. Por el otro, enviaron en misión secreta a Chile al jefe del Estado Mayor Conjunto, contraalmirante Julio Torti, para proponer negociaciones bilaterales directas con el régimen de Pinochet y así resolver las diferencias respecto de la delimitación de jurisdicciones marítimas en el canal de Beagle. Pero Torti no logró su cometido: el gobierno chileno se aferró a lo establecido en el laudo y sostuvo que todas las islas al sur del canal Beagle pertenecían a Chile.

A fines de mayo, la Comisión interministerial de la Cancillería argentina elevó al presidente Videla una propuesta de delimitación para presentar al gobierno de Chile. Si bien ésta contó inicialmente con el visto bueno del primer mandatario, encontró oposición en la Junta Militar, razón por la que fue finalmente descartada. (9)

También fracasaron dos rondas de negociaciones entre delegaciones de ambos países, presididas por el general Osiris Villegas en el caso de Argentina, y por el doctor Julio Philippi Izquierdo en el de Chile. Estos contactos, que tuvieron lugar en Buenos Aires en julio y en Santiago en octubre de 1977, fracasaron por la profunda divergencia en las posiciones de las partes, que no evidenciaron ninguna voluntad de negociar. Mientras la Argentina insistió en la naturaleza política del laudo, Chile, favorecido por el fallo, planteó que éste no era materia opinable y amenazó con recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Al mismo tiempo, demostraciones de inflexibilidad a ambos lados de la cordillera entorpecieron las negociaciones. El gobierno chileno emitió en julio de 1977 el decreto de líneas de base rectas, que, a partir de su interpretación del laudo, delimitó la anchura del mar territorial y la zona económica exclusiva de Chile. Además instaló puestos de vigilancia y señales en las islas Freycinet, Nueva y Deceit, y colocó al frente de los mismos a oficiales de la Armada, los llamados “alcaldes de mar”. Esta decisión del régimen de Pinochet se sumó a la de construir un puerto en la Isla de Hornos, concretada en los meses de mayo y junio. Por su parte, el gobierno argentino ordenó el balizamiento luminoso de una de las islas Barnevelt ubicadas en el Atlántico al sur del canal de Beagle en el mes de junio, luego del fracaso de la misión Torti; la movilización de parte de la flota naval hacia el sur en septiembre, y el envío de tropas al sur junto con la intensificación de actividades navales y aéreas en la región en disputa en el mes de diciembre. (10)

El comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Emilio Eduardo Massera, fortaleció su alianza con los “halcones” del Ejército, y adoptó el tono nacionalista y belicista propio de estos sectores en una serie de declaraciones y gestos que tuvieron lugar en los meses de agosto a diciembre de 1977. Así, desde la base naval de Puerto Belgrano, sostuvo en un discurso de principios de agosto que la Armada se encontraba “en plena capacidad operativa y lista para compartir” con las otras armas, “la defensa de los argentinos de sus enemigos interiores y exteriores” y que estaba “apasionadamente preparada” para “evitar cualquier mutilación geográfica de la Nación”.

En septiembre, el jefe naval reafirmó la intención de la Armada de defender la soberanía argentina en el canal de Beagle al recorrer personalmente en lancha la zona litigiosa; y a principios de octubre Massera pronunció otro discurso en un acto realizado en Puerto Belgrano, en el que hizo referencia a la necesidad de adoptar recursos de fuerza en casos como el del Beagle donde “la diplomacia no es el arma”. Finalmente, en la Nochebuena de ese año 1977, Massera emitió un mensaje en Ushuaia, dirigido al personal de la Agrupación Naval Antártida, al gobernador de Tierra del Fuego y altos jefes navales, donde hizo referencia a que el acercamiento con Chile y con otros países “no se cumplirá al precio de ninguna docilidad, de ninguna abdicación de nuestra soberanía en las decisiones o de nuestra soberanía en el territorio nacional”. (11)

En este contexto de fuertes presiones por parte de los “halcones” de ambos lados de la cordillera, los esfuerzos por mantener abierta la vía de la negociación tropezaron con serias dificultades. Uno de estos intentos fue la ya mencionada propuesta que el contraalmirante argentino Julio Torti entregó a Pinochet en diciembre de 1977. Esta condicionaba la aceptación argentina del laudo arbitral a un acuerdo por el cual ambos países aceptaran una línea de límites precisos, fijada sobre costas, que mantuviera para la Argentina la jurisdicción atlántica. (12) Pinochet, presionado por su frente interno, rechazó la propuesta. No obstante, dejó abierta la posibilidad de negociar los espacios marítimos, factor que permitió en ese mismo mes de diciembre en Santiago un encuentro entre los cancilleres argentino y chileno, Oscar Montes y Patricio Carvajal. Pero Carvajal planteó a su colega un punto que para los sectores nacionalistas argentinos constituía un anatema: la pretensión chilena de tener aguas propias frente a la desembocadura del canal de Magallanes, ubicada sobre el Océano Atlántico. (13)

El canciller chileno Carvajal propuso entonces a Montes recurrir de común acuerdo a la Corte Internacional de Justicia en vista del agotamiento de la vía de negociación bilateral. Pero el laudo arbitral de mayo de 1977 hacía que esta instancia jurídica fuera percibida como “parcial” por los sectores “duros” del Ejército y la Marina argentinos. Así, la Junta Militar rechazó la propuesta chilena, percibiendo que la misma tenía por objetivo presentar a la Argentina como país no respetuoso de los compromisos internacionales ante la Corte de La Haya. Dicha percepción convenció aún más a los integrantes de la Junta de la necesidad de declarar la nulidad del laudo. Sin embargo, Pinochet quiso abrir una nueva posibilidad de negociación con su colega argentino, y le propuso una reunión, primero telefónicamente, luego a través de una misión secreta del general Manuel Contreras Sepúlveda -principal asesor de Pinochet-.

1978

En ambos casos, Pinochet y Videla “puentearon” a sus respectivas Cancillerías para acordar esta primera cumbre, que tuvo lugar en la base aérea de El Plumerillo, provincia argentina de Mendoza, el 19 de enero de 1978. En este encuentro presidencial, ambos mandatarios expresaron su deseo de no ir a la guerra, y dejaron en un breve comunicado la posibilidad abierta para un segundo encuentro, donde se formalizaría la creación de una Comisión Binacional que evitara la alternativa bélica. (14) Esta nueva cumbre se suspendió por la decisión del gobierno argentino de declarar nulo el laudo arbitral, adoptada el 25 de enero de 1978, pocos días antes de que expirara el plazo concedido a las partes para que la sentencia entrara en vigencia. (15)

26 de marzo de 1978: El gobierno chileno emitió un comunicado, afirmando que el laudo tenía carácter obligatorio e inapelable. Tras muchas idas y venidas de misiones militares argentinas y chilenas, el demorado segundo encuentro entre ambos presidentes se concretó el 20 de febrero de 1978 en la localidad chilena de Puerto Montt. Aquí, los presidentes Videla y Pinochet firmaron un Acta en la que se comprometieron a continuar con las negociaciones bilaterales, a través de la creación de dos comisiones mixtas sucesivas.

Pero al mismo tiempo, cada parte, fuertemente presionada por los “halcones” o sectores belicistas, decidió hacer expresa mención de sus derechos sobre el área en disputa. Pinochet dio el primer paso, al leer, luego de firmar el Acta, un discurso preparado de antemano en el que se advertía que “el laudo arbitral no está en discusión, ya que cualquier acuerdo al que se llegue no afectará los derechos reconocidos a Chile por el laudo”. Videla, sorprendido por el contenido del mensaje, decidió improvisar un discurso de compromiso entre su postura negociadora y la postura “dura” de los “halcones” del Ejército y la Marina. Así, hizo referencia tanto al “destino de paz, de unidad y de libertad, como consecuencia de la armonía entre las partes” como “a la soberanía irrenunciable que los gobiernos esgrimirán en cada uno de los puntos de vista”. (16)

El tono del discurso de Pinochet y la respuesta de Videla enfurecieron a los “halcones” argentinos. Massera percibió este descontento, y vio en él una inmejorable oportunidad para desprestigiar la autoridad de Videla. Así, el titular de la Marina pronunció el 22 de febrero de 1978 desde Río Grande un discurso que fue considerado por los “duros” del Ejército como una “verdadera” respuesta argentina a Pinochet frente al mensaje débil e improvisado de Videla. En este mensaje, Massera exclamó: “¡Se acabó el tiempo de las palabras!” Incluso, en su afán por neutralizar la gestión personal de Videla, el jefe naval declaró al Jornal do Brasil de Río de Janeiro que, en relación al conflicto con Chile, “no vamos a tolerar mutilaciones territoriales ni vamos a aceptar injustificadas mutilaciones de nuestra soberanía marítima”.

Seriamente condicionado tanto por el inesperado gesto de su colega chileno como por las declaraciones de Massera, el presidente Videla, el 23 de febrero de 1978, ya en Buenos Aires, dirigió un mensaje al país como respuesta al texto de Pinochet, donde dejó constancia de que, fuera de la firma del Acta de Puerto Montt, no había ningún otro compromiso con Chile. (17)

Mas allá de estas dificultades, la cumbre de Puerto Montt abrió una nueva instancia en el complicado proceso de negociación entre la Argentina y Chile. De acuerdo con lo estipulado en el Acta, se integró la primera de las comisiones, la Comix 1, que logró su objetivo de crear el clima de distensión necesario para que en una segunda instancia de negociación se alcanzaran acuerdos sustantivos entre las partes. Detuvo las actividades militares y aseguró la libertad de navegación en el área en disputa. (18)

Tras la breve actuación de la Comix 1, cuya gestión de 45 días resultó exitosa, se inició la segunda fase prevista por el "Acta de Puerto Montt". En esta nueva etapa, iniciada a partir del 2 de mayo de 1978, una segunda Comisión Mixta, encabezada por el general Ricardo Etcheverry Boneo del lado argentino y por Francisco Orrego Vicuña del chileno, debía resolver, en el plazo de seis meses, los problemas de fondo mencionados en el Acta: delimitación definitiva de las jurisdicciones argentina y chilena en la zona austral; medidas de promoción de la integración física y complementación económica; intereses comunes en el continente antártico; y cuestiones relacionadas con el estrecho de Magallanes y el establecimiento de líneas de base rectas.

Pero la llamada Comix 2 llegó al 2 de noviembre de 1978 -fecha límite establecida en el Acta para alcanzar un arreglo- sin ningún acuerdo en los temas de mayor importancia (delimitación de jurisdicciones, cuestiones relativas al estrecho de Magallanes y a las líneas de base rectas fijadas por Chile). Sólo se lograron coincidencias en las cuestiones de menor importancia (integración física, cooperación económica y políticas comunes en la Antártida). La instancia de negociación bilateral abierta en el encuentro cumbre de El Plumerillo entró así en un círculo vicioso, que acercó peligrosamente a ambas partes a la posibilidad de la guerra. Los representantes chilenos mantuvieron su posición respecto de la validez jurídica del laudo arbitral, del reclamo de soberanía de las islas situadas al sur del canal de Beagle y de la aplicación del derecho del mar y de otros instrumentos internacionales en la delimitación marítima. Ninguno de estos puntos fueron aceptados por los representantes argentinos ante la Comix 2, que subrayaron el carácter nulo del laudo y la exigencia de una delimitación no sólo marítima sino también territorial. (19)

A la inflexibilidad de los integrantes de la Comix 2, se sumaron las declaraciones belicistas efectuadas a ambos lados de la cordillera que obstaculizaron aún más el diálogo. Del lado argentino, el almirante Massera sostuvo en agosto de 1978 desde la base naval de Ushuaia que “la soberanía no será negociada y nuestro territorio no será amputado (...) la Argentina no está dispuesta a permitir que terceras partes juzguen y decidan acerca de lo que es nuestro”. Un mes después, Massera ratificó su posición dura, sosteniendo que “cuando estamos en conflicto, iremos a luchar hasta la victoria o la muerte”. Por su parte, el embajador chileno en Buenos Aires, Sergio Onofre Jarpa Reyes, evidenció también la actitud desafiante de su gobierno al sostener en octubre que “Chile necesita una salida al Atlántico”. (20)

Estas declaraciones fueron, además, acompañadas con mutuas medidas de provocación. En junio de 1978, efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea argentina efectuaron maniobras y juegos de simulación de guerra en el sur. En septiembre y octubre, se llevaron a cabo prácticas de ataques aéreos y apagones de luz tanto en ciudades del Interior como en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, las embajadas argentinas en el exterior denunciaron una serie de incursiones aéreas y tareas de movilización terrestre de efectivos de las Fuerzas Armadas chilenas entre los meses de julio y octubre de 1978. En el mes de septiembre, la Junta Militar chilena estableció el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres entre 18 y 45 años, y ordenó incursiones de tropas en territorio argentino, que fueron denunciadas por las autoridades de Buenos Aires en octubre. En ese mismo mes, el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar chilena, navegó por la zona en disputa, gesto que fue considerado del lado argentino como una “provocación”. (21)

Las autoridades argentinas adoptaron también medidas de presión económica, como el cierre de pasos de frontera con el objetivo de impedir el tráfico de Chile hacia Brasil y la imposición de tarifas a “bienes de seguridad” argentinos que se dirigían a Chile -que, según los informes chilenos, incluyeron productos tan poco identificados con la “seguridad nacional” como zapatos y mermeladas. (22)

A pesar de estos incidentes y de las limitaciones presentadas en el documento final de la Comix 2, el gobierno de Videla optó por dar paso a la tercera etapa de negociación directa prevista en el Acta de Puerto Montt, con el fin de optimizar las escasas coincidencias alcanzadas por la Comix, alcanzar otras y dejar para una eventual mediación lo que no pudiera resolverse. En esta nueva etapa, que abarcó los agitados meses de noviembre y diciembre de 1978, los gobiernos de la Argentina y Chile acordaron que el mediador fuera el Papa. Por cierto, este paso representaba un triunfo en la postura “flexible” de Videla, que aparentemente había logrado disuadir a su colega de recurrir a la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, fue un triunfo limitado, dado que no se registró acuerdo respecto del alcance de la mediación. Mientras los representantes argentinos propusieron una mediación acotada, que resguardara la tesis argentina de la división oceánica -que Chile no compartía-, los delegados chilenos pretendieron presentar al mediador un temario irrestricto, que retrotrayera el diferendo al momento anterior a la firma del Acta de Puerto Montt. (23)

En un último intento del presidente Videla por mantener abierta la negociación directa, el canciller argentino Carlos Washington Pastor, sin contar con la aprobación de la Junta Militar, presentó a su colega chileno Hernán Cubillos una propuesta, en la que el Acta de Puerto Montt y los acuerdos de la Comix 2 “sirvieran de base” y de “punto de partida” para la mediación vaticana y “fueran tenidos en cuenta” por la misma. Pero esta propuesta fue rechazada por Cubillos, y este factor restó espacio a los que dentro del gobierno argentino buscaban la negociación directa con Santiago. Así, luego del fracasado encuentro Pastor-Cubillos de principios de diciembre de 1978, tuvo lugar una sesión permanente de la Junta Militar en el edificio Cóndor, con dos notorias ausencias: las de Videla y el canciller Pastor. De la misma surgió la propuesta de los “halcones” del Ejército y la Marina: la “Operación Soberanía”, planificada para el 21 o 22 de diciembre. Según este plan, los militares argentinos ocuparían dos islas -la Nueva y la de Hornos- y esperarían la reacción chilena. (24)

Cabe agregar que durante ese agitado mes de diciembre, las expresiones de dureza no sólo provinieron de los “halcones” del Ejército y de los sectores “masseristas” de la Armada. Hasta la Fuerza Aérea, un arma que en el equilibrio interfuerzas del Proceso jugó generalmente un rol más cercano al bajo perfil, quebró su tradicional actitud al proferir su comandante en jefe, brigadier Orlando Ramón Agosti, que “no hay paz sin honor”. (25) Pero los argumentos belicistas también aparecieron en los pronunciamientos de los dirigentes políticos, evidenciando la existencia de una cultura de “nacionalismo patológico” común a militares y civiles. Así, aun un dirigente destacado por su moderación y vocación democrática, el radical Ricardo Balbín, emitió a principios de diciembre declaraciones que tenían paradójicas coincidencias con el discurso de los “duros” del Ejército y la Marina. En una de ellas señaló:

Históricamente, la Argentina ha sido excesivamente generosa en sus planteos de límites y ha regalado mucho territorio; de lo que se trata ahora es de saber si los chilenos pueden haber avanzado tanto como para que el Pacífico se transforme en Atlántico. Nosotros estamos aquí para decirles que no. (...) Argentina, desgraciadamente, no puede retroceder, está en el límite de sus viejas tolerancias y alguna vez habrá que decir que no, y esta vez lo hemos dicho, porque no podemos caernos al mar. (26)

No obstante, también existieron sectores partidarios de la paz con el país vecino, los cuales realizaron esfuerzos para frenar la alternativa bélica. En este sentido, vale destacar la existencia de cuatro iniciativas. Una, finalmente frustrada por la fuerte resistencia que generaba en los sectores nacionalistas tanto militares como civiles, fue la vinculada a grupos liberales de la sociedad civil, y apuntó a la creación de una “comunidad económica austral” entre la Argentina y Chile, operante al sur del estrecho de Magallanes, que regiría sobre aspectos tales como depósitos de hidrocarburos, recursos pesqueros, obras de infraestructura bizonales y defensa conjunta de los derechos territoriales frente a terceros. (27) Otra iniciativa superadora del conflicto fue la encabezada por las Iglesias argentina y chilena, (28) destacándose del lado argentino, las participaciones del nuncio apostólico, monseñor Pio Laghi, y del presidente de la Conferencia Episcopal argentina, el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien jugó un rol protagónico al impulsar la mediación papal. (29) Una tercera iniciativa, que respaldó los esfuerzos de las autoridades eclesiásticas, fue la gestión de los embajadores de Estados Unidos en ambos países -que, en el caso del embajador norteamericano en la Argentina, Raúl Castro, incluyó conversaciones con los sectores “duros” del Ejército. (30) Por fin, una cuarta iniciativa fue la ofensiva diplomática montada desde el propio régimen militar. Así, el presidente Videla y el canciller Pastor pusieron en marcha una misión secreta integrada por diplomáticos de carrera, que inició contactos de alto nivel en Washington, Moscú y el Vaticano. El objetivo era generar desde el exterior una presión diplomática sobre el gobierno de Pinochet destinada a “flexibilizar” la postura del gobierno chileno. El mensaje enviado por Videla a estos interlocutores externos argumentaba que la dureza chilena no le dejaba ningún espacio para negociar, en tanto fortalecía a los sectores “duros” del Ejército y la Armada. Videla estaba íntimamente convencido de que la opción bélica con Chile constituía una catástrofe, pero no tenía suficiente poder para frenar los apetitos belicistas de los “halcones”. (31)

La misión secreta integrada por funcionarios de la Cancillería logró su objetivo, ya que el Papa Juan Pablo II decidió el envío de un representante, monseñor Antonio Samoré, para mediar entre los gobiernos de la Argentina y Chile. Esta decisión fue comunicada a los embajadores argentino y chileno ante la Santa Sede el 21 de diciembre de 1978, fecha en que se pondría en marcha el “Operativo Soberanía” impulsado por los “halcones” del Ejército y la Marina. Así, una serie de factores impidieron el estallido de la guerra con Chile, entre los que destacamos el peso moral de la autoridad papal en militares argentinos y chilenos, los esfuerzos pacifistas de las Iglesias argentina y chilena, y el rechazo del gobierno de Estados Unidos y de los empresarios argentinos a la opción bélica.

1979

A pesar de un frustrado intento de uno de los “halcones” vestido en traje de fajina, el general Luciano Benjamín Menéndez, por impedir el viaje del canciller Pastor al Uruguay para firmar el acuerdo con Chile, éste se suscribió en Montevideo el 8 de enero de 1979. El mismo implicaba la aceptación de la mediación papal por parte de ambos países, y un mutuo compromiso de no utilizar la fuerza, retrotrayendo la situación militar a la existente en 1977. (32)

Con la firma del acuerdo de Montevideo y la aceptación del Papa de mediar en el conflicto argentino-chileno, se abrió una nueva etapa de negociaciones que se caracterizó tanto por la presencia de elementos perturbadores -declaraciones, incidentes, detenciones por supuestos casos de espionaje, maniobras militares en zona de frontera, etc.- (33) como estimuladores de las gestiones del Vaticano -movilizaciones de las Iglesias argentina y chilena en favor de la paz-. (34) A pesar de la presión de los “halcones”, el presidente Videla reafirmó su confianza en la “autoridad moral” del Papa para llegar a una “solución aceptable que sea justa, equitativa, honorable y definitiva”. (35)

Por cierto, una de las mayores dificultades con la que tropezó Samoré en su esfuerzo mediador fue la notoria diferencia entre la estructura para la toma de decisiones chilena -que, al menos en lo que respecta al Beagle, estuvo centralizada en la figura del General Augusto Pinochet- y la del régimen militar argentino. Samoré se quejó, en reiteradas ocasiones, de las incongruencias derivadas de la puja entre “duros” y “blandos” en el seno de la Junta Militar, y de la falta de poder de la Cancillería argentina en relación a la diplomacia militar. (36)

1980

La nueva etapa de negociaciones, iniciada con la firma del Acta de Montevideo en enero de 1979, se cerró casi un año después, el 12 de diciembre de 1980, fecha en la que el Papa entregó a ambos gobiernos una propuesta de Paz. De acuerdo con la misma, el Vaticano otorgaba a Chile las islas Lennox, Picton, Nueva, Evout, Barnevelt, Freycinet, Wollaston, Terhalten y Sesambre, hasta la isla de Hornos. La línea envolvente de las costas de estas islas constituía el llamado “Mar Territorial” chileno, dentro del cual el Papa concedía a la Argentina la posibilidad de instalar ayudas para la navegación en las islas Evout y Barnevelt y un sistema de control terminal aéreo conjunto en la isla Nueva, con el fin de regular los vuelos desde y hacia la Antártida. Asimismo, la propuesta vaticana establecía una “Zona de Actividades Conjuntas y Concertadas” o “Zona o Mar de la Paz”, en donde tanto la Argentina como Chile explorarían y explotarían en común los recursos vivos y no vivos del lecho marino y del subsuelo. La propuesta otorgaba a las autoridades de Buenos Aires y Santiago un breve plazo para responder, que expiraba el 6 de enero de 1981. (37)

1981

Para desazón de Samoré, mientras el régimen de Pinochet aceptó rápidamente la propuesta papal, el gobierno militar argentino demoró su respuesta todo lo que pudo, hasta el mes de marzo de 1981, poco antes de que Videla entregara la presidencia a Viola. Ello se debió a los reparos que entre los “duros” del Ejército y la Marina provocó la propuesta vaticana, particularmente el punto referente al “Mar de la Paz” instalado en pleno Océano Atlántico, que diluía el sagrado principio de la división bioceánica. (38) Durante los meses en que se esperaba la respuesta argentina, tanto los “halcones” militares argentinos como chilenos estimularon incidentes fronterizos y produjeron recíprocos apresamientos de individuos acusados de espionaje, en el contexto de una verdadera guerra de los servicios de inteligencia de ambos países desarrollada en la zona de frontera. (39) El diario La Prensa, a través de los editoriales de Jesús Iglesias Rouco y Manfred Schonfeld, también se sumó a la posición crítica de los “halcones” del Ejército. (40)

Por el contrario, entre los escasos defensores de la propuesta papal, cabe mencionar, además del presidente Videla y los diplomáticos argentinos en el Vaticano, a figuras como el ex canciller radical Miguel Angel Zavala Ortiz -quien en una carta difundida en los medios elogió la gestión del canciller Pastor-, y el ex embajador argentino en Brasil, el nacionalista católico Mario Amadeo -que respaldó la propuesta vaticana desde los editoriales de la revista católica Criterio-. (41) Asimismo, dentro de esta corta lista de personalidades que respaldaron las gestiones del Vaticano cabe incluir también a los representantes de la Iglesia local. (42)

Finalmente, el 25 de marzo de 1981, el gobierno argentino, condicionado por las presiones militares, comunicó el rechazo de la propuesta papal. La negativa era justificada en que la propuesta no contemplaba la aspiración mínima de la Argentina (asentamientos en tierra firme que detuvieran los intentos de expansión chilena en el Océano Atlántico). El tono de la nota de respuesta, que además exigía al Papa mayores precisiones sobre cuestiones referentes a las islas ubicadas en el canal de Beagle, provocó que el propio presidente Videla se abstuviera de firmarla. (43) El hecho de que el gobierno argentino, que había solicitado la mediación papal, se demorara respecto del plazo fijado por el Vaticano y luego rechazara la propuesta de paz del Sumo Pontífice, provocó el disgusto del cardenal Samoré. En declaraciones efectuadas al consejero de la misión argentina ante el Vaticano, Federico Mirré, el encolerizado mediador se refirió a la actitud “inicua, mezquina y ofensiva” del gobierno argentino para con el Papa Juan Pablo II, e hizo sugestivas referencias respecto de la diferencia en los procesos de toma de decisiones de los regímenes militares argentino y chileno. Sostuvo que el de Videla “no tenía un mínimo de autoridad” y se preguntó qué clase de “autocracia militar” era la argentina “que consulta hacia abajo lo que debe hacer”. Asimismo, Samoré criticó las interferencias de la diplomacia militar con los miembros de la delegación diplomática argentina en el Vaticano, “que hasta una hora antes estaban recibiendo modificaciones por teléfono”. En una comparación que evidentemente dejaba mal parados a los militares argentinos, el mediador sostenía que en el caso del régimen chileno “hay uno que comanda, dirige”. (44)

En respuesta a estas polémicas declaraciones de Samoré, a principios de julio de 1981, el llamado Movimiento de Reafirmación de la Soberanía Argentina en Picton, Lennox, Nueva y demás islas del Atlántico Sur, presidido por el almirante Rojas, pidió al gobierno de Viola los alejamientos del canciller Camilión y del mediador Samoré. (45).

Durante la gestión de Viola se produjeron nuevos incidentes de ambos lados, como la detención del chileno Víctor Soto Hood por parte de oficiales del Ejército argentino (46) y el secuestro por parte de las fuerzas chilenas, de dos militares argentinos, el mayor Raúl Pablo Barileau y el teniente primero Oscar Alberto Santos, junto a sus respectivas esposas a fines de abril de 1981. La medida fue justificada por las autoridades de Santiago en un presunto acto de espionaje -Barileau y Santos llevaban cámaras fotográficas-. A su vez, esta decisión de los militares chilenos sirvió como justificación para la abrupta decisión del comandante en jefe del Ejército argentino, general Leopoldo Fortunato Galtieri, de cerrar, a partir del mes de mayo, las fronteras con Chile como “medida precautoria”. (47)

A pesar de estos obstáculos, tal como ocurriera durante los meses previos a la “casi guerra” de diciembre de 1978, las Iglesias de ambos países renovaron sus esfuerzos tendientes a mantener la paz. A esta gestión mediadora, y a las exhortaciones del presidente del Episcopado Argentino, cardenal Raúl Primatesta, para que el gobierno de Viola analizara “con atención y no con pasión” la propuesta papal, se sumó la del propio Papa Juan Pablo II, quien a principios de mayo de 1981 instó a ambos gobiernos a que den los pasos adecuados para “mantener una clima favorable a la mediación”. (48) El día 5 de ese mismo mes de mayo, la Cancillería argentina notificó la respuesta favorable del gobierno a la nota papal, señalando su disposición “a mantener el clima favorable necesario y a analizar los casos particulares que puedan haber ocurrido y hayan perjudicado ese clima.” (49).

A lo largo del mes de junio de 1981, tanto las autoridades argentinas como las chilenas decidieron acatar al llamado papal de mayo y adoptaron pasos encaminados a disipar la tensión bilateral, que incluyeron la liberación de prisioneros en ambos lados de la frontera y la apertura de ésta. (50)

No obstante los pasos conciliatorios adoptados por ambos gobiernos a instancias del Vaticano, siguieron registrándose preparativos para un eventual conflicto armado. Así, en el mismo mes de junio de 1981, la Argentina adquirió 57 tanques austríacos, operación que generó los recelos del lado chileno, pues en 1980 el mismo país proveedor de esos tanques les negó a los militares chilenos la compra de 100 unidades. Asimismo, el 30 de noviembre de 1981, se movilizaron efectivos militares chilenos, ante la presencia de miembros del Instituto Geográfico Militar argentino en las proximidades de Laguna del Desierto. (51)

Con la llegada de un “duro” como el general Galtieri a la presidencia argentina, las relaciones con Chile atravesaron una de sus fases más críticas. Por cierto, la cuestión del Beagle fue percibida por el nuevo mandatario como la prioridad uno de la agenda, como lo demostraron, ya desde fines de 1981, la adquisición de los bombarderos franceses Super Etenderd -que cumplieron tiempo más tarde un papel importante en la guerra de Malvinas- y la planificación conjunta de los comandos de Operaciones Navales y del V Cuerpo de Ejército en relación con la hipótesis de conflicto con Chile. (52)


Como consecuencia de la importancia otorgada por Galtieri a la cuestión del Beagle, en enero de 1982, el gobierno argentino ensayó dos jugadas que tuvieron por destinatario al gobierno de Pinochet. Una fue la arenga que el propio presidente Galtieri realizó a sus mandos, respecto de la prueba de fuerza que los militares argentinos llevarían a cabo en Beagle o en Malvinas. La otra iniciativa fue la denuncia, en forma unilateral, del Tratado de Solución Judicial de Controversias firmado con Chile en 1972, debido a que el mismo

(...) no satisface en sus disposiciones actuales los intereses de la Nación ni es el instrumento apto para resolver las disputas suscitadas entre ambos países. Prueba de ello es que resultó totalmente ineficaz para superar la crisis más aguda y debió ser sustituido en los hechos por el recurso a la mediación del Sumo Pontífice. En consecuencia, el gobierno argentino anuncia su decisión de denunciarlo (...) (y) (...) está dispuesto a realizar -dentro del marco de la mediación- las negociaciones necesarias para la elaboración de un nuevo convenio que resulte mutuamente satisfactorio y útil para las controversias que puedan producirse (...). (53)

Esta decisión, que fue elaborada por el canciller Nicanor Costa Méndez, el vicecanciller Enrique Ros, y el jefe de la delegación argentina ante el Vaticano, Carlos Ortiz de Rozas, tuvo un doble objetivo. Por un lado, el de aceptar la mediación papal como el único camino para llegar a un arreglo con Chile, dado que la denuncia del Tratado de Solución de Controversias eliminaba la alternativa de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta jugada diplomática argentina colocaba al gobierno chileno de Pinochet ante la incómoda situación de tener que optar entre la alternativa de recurrir unilateralmente a la Corte Internacional de La Haya -paso que, aunque estuviese contemplado en el Tratado de 1972, anulaba los esfuerzos de mediación papal- o no recurrir a este foro -alternativa que fortalecía la posición argentina y enfrentaba a Pinochet con los sectores “duros” militares y civiles que, como sus contrapartes argentinos, criticaban la mediación papal. (54) Como era de esperarse, la denuncia del Tratado de Solución de Controversias de 1972 fue aplaudida en la Argentina por los sectores “duros” del Ejército y por los “masseristas” (55) y criticada por los chilenos -quienes se reservaron el derecho de acudir unilateralmente a la Corte de La Haya-. (56) El paso dado por el gobierno argentino en enero trajo nuevas dificultades al ya complicado proceso de mediación, a las que se sumó un incidente entre navíos argentinos y chilenos en febrero, (57) la detención y tortura de dos empleados argentinos en territorio chileno en marzo, (58) y el estallido del conflicto de la Argentina con Gran Bretaña por las islas Malvinas en el mes de abril, que desvió la atención del régimen de Galtieri hacia el Atlántico Sur. No obstante, y en medio de la guerra de Malvinas, el Papa Juan Pablo II, en un nuevo esfuerzo por mantener vivo el proceso de negociación con Chile, exhortó a ambos gobiernos a firmar un tratado de paz que los pusiera fuera del peligro de una guerra. (59)

   Durante el conflicto, el gobierno chileno utilizó una retórica pro-argentina, señalando su embajador en Buenos Aires, Sergio Onofre Jarpa Reyes, que “la Argentina puede estar tranquila porque Chile le sigue guardando las espaldas”. (60) No obstante, los hechos demuestran que el régimen de Pinochet estuvo más cerca de Londres que de Buenos Aires. Cuando a fines de abril de 1982 la Argentina solicitó en la OEA la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra el gobierno de Gran Bretaña, presentando a éste como gobierno “agresor”, Chile no respaldó la posición argentina. Asimismo, el 19 de mayo, tuvo lugar en territorio chileno la caída del Sea King, un helicóptero británico. A pesar de los reclamos del canciller chileno René Rojas Galdames al embajador inglés John Moore Heath por esta ruptura de la neutralidad chilena, la presencia de este helicóptero generó sospechas en los militares argentinos. (61) Finalmente, Chile se abstuvo en la resolución del 29 de mayo, que dejaba a los países de la región la posibilidad de ayudar a la Argentina durante la guerra. (62) Esta abstención encubrió la ayuda que el régimen chileno ofreció a las autoridades de Londres durante el conflicto por Malvinas. Los militares chilenos no sólo aportaron respaldo en términos de inteligencia, sino que también realizaron desplazamientos terrestres y navales con el fin de distraer a los militares argentinos. (63)
   Por cierto, el primer acuerdo sustantivo entre los gobiernos de la Argentina y Chile en todo el proceso de mediación se produjo el 15 de septiembre de 1982, fecha en la que ambas partes aceptaron la invitación del Vaticano a prorrogar el Tratado de Solución Judicial de Controversias de 1972. Este acuerdo se debió a que ninguno de los dos regímenes militares estuvo dispuesto a hacer peligrar la mediación. El gobierno de Reynaldo Bignone, que había reemplazado al de Galtieri como consecuencia del fracaso en la guerra contra Gran Bretaña, estaba muy condicionado en los ámbitos internos y externo por el enorme descontento generado por los numerosos desaciertos de sus antecesores en el cargo y por las heridas que dejara la guerra de Malvinas. Por el lado chileno, el régimen de Pinochet tampoco pasaba en ese momento por una fase positiva, debido a la recesión económica interna y la creciente oposición a la política chilena de violación de los derechos humanos, que se manifestó tanto a nivel interno como externo. (64)
   Otro cambio relevante en el proceso de mediación vaticana respecto del conflicto limítrofe argentino-chileno fue la muerte de Samoré a principios de febrero de 1983 y su reemplazo por el cardenal Agostino Casaroli. A diferencia del estilo paciente y metódico de su antecesor, Casaroli le proporcionó al proceso de mediación una mayor cuota de energía y rapidez. Además, por su cargo de secretario de Estado en el Vaticano, Casaroli era la autoridad más poderosa cercana al Papa, lo cual le otorgaba un margen de maniobra que Samoré no había tenido. (65)
   Sin embargo, el hecho de que el gobierno argentino conviniera con su par chileno la prórroga del Tratado de 1972 no implicó que el complicado proceso de negociación con Chile llegara aún a su recta final. A pesar de que el Papa y el cardenal Casaroli intentaron arrancar de las partes una declaración bilateral de paz y no-agresión, el presidente Bignone y los miembros de la Junta Militar argentina decidieron trasladar al futuro gobierno democrático la resolución del problema. (66) 
   Un claro indicio de esta política argentina de postergación del problema del Beagle fue la renuncia del hasta entonces embajador argentino ante el Vaticano, Carlos Ortiz de Rozas, efectuada el 4 de febrero de 1983, un día después de la muerte de Samoré. Si bien este alejamiento del diplomático argentino fue criticado por el presidente Bignone, señalándolo como una “excusa” para “desvincularse a tiempo del Proceso” y “quedar en mejor posición ante el futuro gobierno civil”, lo cierto fue que el primer mandatario no movió un dedo para designar reemplazante. Quedó en los hechos como titular de la delegación argentina el embajador alterno, general Ricardo Etcheverry Boneo. (67) Esta actitud de inercia de la gestión de Bignone frente al problema del Beagle reflejó, por cierto, la extrema debilidad del último gobierno del ciclo militar iniciado en marzo de 1976.
   NOTAS
   “La OEA encara el debate sobre los derechos humanos en el hemisferio”, por Enrique Alonso, La Opinión, 9 de junio de 1976, p. 1; respaldo de la Argentina a tesis chilena en “La OEA minimizó sus críticas a Chile en cuanto a derechos humanos. Neutralizan un proyecto contra Pinochet”, La Opinión, 15 de junio de 1976, p. 8; críticas de la Argentina a la objetividad de la CIDH en “Señaló la Argentina la madurez de la OEA”, La Opinión, 17 de junio de 1976, p. 3. 
   “Los cancilleres Guzzetti y Carvajal condenaron al terrorismo. Será intensificado el intercambio comercial”, La Opinión, 4 de septiembre de 1976, p. 8.
   Texto de la declaración conjunta citado en La Prensa, 14 de noviembre de 1976, pp. 1 y 3, y en La Opinión, 14 de noviembre de 1976, pp. 16-17. Análisis de su contenido en editorial “Precisa condena del terrorismo y de la subversión internacional”, por Enrique Alonso, La Opinión, 14 de noviembre de 1976, p. 1.
   “La comprensión internacional pidió el presidente Videla”, La Prensa, 14 de noviembre de 1976, p. 5.
   El atentado contra Letelier se concretó el 21 de septiembre de 1976 en Maryland y fue organizado por la DINA. Acerca de la conexión argentina en el caso Letelier ver N. Mariano, op. cit., p. 100.
   Los doce acuerdos firmados por los cancilleres Guzzetti y Carvajal fueron los siguientes: 1) convenio de cooperación económica; 2) convenio para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio; 3) convenio sobre especificaciones sanitarias para productos cárneos; 4) convenio sobre productos agrícolas; 5) convenio sobre cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear; 6) acuerdo sobre intercambio de piezas y partes en el sector automotriz; 7) acuerdo sobre procedimientos de consulta recíproca respecto de la información comercial; 8) acuerdo sobre integración física; 9) acuerdo relativo a las negociaciones tendientes a la utilización recíproca de puertos y zonas francas; 10) acuerdo sobre ampliación del crédito recíproco que canaliza los pagos emergentes del comercio bilateral; 11) acuerdo sobre ampliación de las líneas de crédito para la adquisición en Chile de bienes de capital y ganado reproductor de origen argentino; y 12) acuerdo sobre ampliación del convenio de suministro de gas natural. Ver estos doce acuerdos en La Opinión, 14 de noviembre de 1976, pp. 16-17.
   Ver comunicado en La Opinión, 3 de mayo de 1977, p. 14; en R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 36, y en J.A. Lanús, op. cit., vol. II, pp. 237-238. La decisión de la Cancillería de rechazar el laudo arbitral por nulo generó respuestas divergentes entre los especialistas. Fue respaldada por el jurista Alfredo Rizzo Romano y los ex cancilleres Nicanor Costa Méndez y Manuel Arauz Castex, quienes sostuvieron que nunca debió haberse permitido el arbitraje británico. Mientras tanto, el ex canciller Miguel Angel Zavala Ortiz, por el contrario, sostuvo que el laudo era positivo, en tanto reconocía el statu quo: “(...) No quita ni da. Precisamente lo que hace es negar pretensiones: las nuestras sobre Lennox, Picton y Nueva; las de Chile de dejarnos en una costa seca(...)”. Ver opiniones de Rizzo Romano y los ex cancilleres Zavala Ortiz, Costa Méndez y Arauz Castex en La Opinión, 5 de mayo de 1977, p. 13, y 6 de mayo de 1977, p. 8. 
   Ver al respecto los trabajos de Thomas Edward Princen, “Intermediary Intervention: A Model of Intervention and A Study of the Beagle Channel Case”, Thesis presented to the Harvard University, January 1988, Part II, p. 104; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., pp. 36-37, y J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 239.
   Sobre causas del fracaso de la misión Torti ver T.E. Princen, op. cit., p. 104. La Comisión interministerial se formó en julio de 1976. Integrada por representantes de las tres armas, la Presidencia, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Información Pública y el Estado Mayor Conjunto, dicha Comisión elevó al presidente Videla una propuesta de delimitación muy similar a la que ofreció la propuesta papal años más tarde, en diciembre de 1980. Ver al respecto R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 37, y J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 240.
   Ver sobre las medidas de fuerza adoptadas por los militares argentinos y chilenos durante el segundo semestre de 1977 los siguientes trabajos: J. A. Lanús, op. cit., vol. II, pp. 240 y 257, nota 22; T.E. Princen, op. cit., p. 106; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 37, y B. Passarelli, op. cit., p. 50. Consultar asimismo los editoriales “La baliza luminosa como un acto posesorio”, por Alfredo Rizzo Romano, La Opinión, 8 de julio de 1977, p. 8, y “Rechazan protesta chilena por un acto de soberanía argentina”, La Opinión, 12 de julio de 1977, p. 1.
   Ver al respecto R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 37. Declaraciones de Massera del 3 de agosto de 1977 citadas en La Opinión, 4 de agosto de 1977, pp. 1 y 12; en editorial “Relaciones exteriores. “Evitar cualquier mutilación geográfica””, Somos, Nº 47, 12 de agosto de 1977, p. 16, y en el trabajo de O. Troncoso, op. cit., pp. 49-50. Ver asimismo, otros indicios de dureza verbal del almirante Massera en los siguientes editoriales: “Massera: un día en el Beagle”, Somos, Nº 52, 16 de setiembre de 1977, p. 8; “Soberanía. “Cuando la diplomacia no es el arma”, Somos, Nº 56, 14 de octubre de 1977, p. 16; “Beagle: ¿a un paso del conflicto?”, Somos, Nº 64, 9 de diciembre de 1977, pp. 8-14; y “La Navidad de los comandantes”, Somos, Nº 67, 30 de diciembre de 1977, pp. 8-9. Respecto de la “alianza táctica” entre Massera y Suárez Mason ver el editorial “La guerra que nadie vio” (segunda parte), Somos, Nº 459, 5 de julio de 1985, p. 20.
   Torti propuso al gobierno chileno una línea que bordeaba la isla Nueva e iba hasta Evout, pasaba por Barnevelt y rodeaba las demás islas hasta la isla de Hornos, que se dividía en dos partes, una argentina y otra chilena. De este modo, las islas al sur del canal de Beagle pasaban a ser chilenas acorde a lo fallado por el laudo de mayo de 1977, pero se mantenía el principio “bioceánico” sostenido por la parte argentina. J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 241, y T.E. Princen, op. cit., p. 106.
   Según Lanús, esta pretensión chilena de tener aguas propias en la desembocadura del Canal de Magallanes sobre el Atlántico era novísima. J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 241.
   Sobre el primer encuentro cumbre de El Plumerillo ver los trabajos de R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., especialmente p. 40, nota 80; B. Passarelli, op. cit., pp. 52-53, y C.M. Túrolo, op. cit., pp. 114-117. 
   La posibilidad de declarar nulo el fallo arbitral le fue personalmente comunicada por el presidente Videla a su colega Pinochet en el último momento de su encuentro con el mandatario chileno en El Plumerillo. El gobierno argentino optó por la fórmula de nulidad en vez de la de rechazo. Esta última alternativa, al rechazar pero no poner en tela de juicio la validez misma del fallo arbitral, hubiera posibilitado al gobierno chileno acudir en forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia. En cambio, la declaración de nulidad, al implicar directamente el no reconocimiento del fallo, le impidió a Chile contar con la alternativa de recurrir a La Haya. Con esta actitud, además, las autoridades de Buenos Aires buscaron volver a la situación previa al dictamen de la sentencia arbitral de mayo de 1977. La declaración de nulidad del laudo se basaba en una serie de “errores, omisiones y excesos” que lesionaban gravemente los derechos e intereses argentinos. T.E. Princen, op. cit., p. 108; O. Troncoso, op. cit., p. 96; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., pp. 41-42, y B. Passarelli, op. cit., p. 53. 
   Discursos de Pinochet y de Videla citados en La Opinión, 21 de febrero de 1978, pp. 10-11; también en los trabajos de T.E. Princen, op. cit., pp. 109-110, y R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 43.
   Ver respecto de los efectos internos del encuentro cumbre de Puerto Montt el trabajo de O. Troncoso, op. cit., p. 102, y los editoriales “Pese a la extemporaneidad de Pinochet, las negociaciones se inician el 1º de marzo”, La Opinión, 21 de febrero de 1978, p. 1; “El desagrado por el discurso es reflejado en los medios argentinos”, La Opinión, 22 de febrero de 1978, p. 11; “Puerto Montt: ¿un abuso de confianza?”, Somos, Nº 75, 24 de febrero de 1978, pp. 8-9. También editorial “Negociación larga y difícil”, Criterio, Nº 1783, 9 de marzo de 1978, p. 95. Consultar asimismo los trabajos de J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 243; T.E. Princen, op. cit., p. 110; C. Uriarte, op. cit., pp. 192-195; B. Passarelli, op. cit., p. 66; C.M. Túrolo, op. cit., pp. 117-118; E. Vázquez, op. cit., pp. 146-147, y R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 43. Mensaje de Massera del 22 de febrero de 1978 en Río Grande al presidir la ceremonia del relevo de efectivos de la Infantería de Marina en O. Troncoso, op. cit., pp. 102-103; editorial “Se está agotando el tiempo de las palabras”, La Opinión, 23 de febrero de 1978, p. 1, y en reportaje del Jornal do Brasil de Río de Janeiro al almirante Massera en febrero de 1978, citado por revista Extra, Nº 153, marzo 1978, p. 12. Mensaje de Videla al país del 23 de febrero de 1978 sosteniendo que “fuera del Acta no hay ningún otro compromiso”, citado en O. Troncoso, op. cit., p. 103, y La Opinión, 24 de febrero de 1978, pp. 1 y 10.
   Además, la Comix 1 recomendó el establecimiento de un sistema de consulta permanente con el fin de evitar que ningún incidente afectara la paz entre la Argentina y Chile. Ver al respecto R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 44.
   T.E. Princen, op. cit., pp. 110-111 y 114; declaraciones de Francisco Orrego Vicuña en La Prensa, 3 de noviembre de 1978, y reportaje a Etcheverry Boneo, Somos, 3 de noviembre de 1978, cit. en R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 45. 
   Declaraciones de Massera y Jarpa Reyes citadas en T.E. Princen, op. cit., p. 112.
   Sobre medidas de fuerza adoptadas por los militares argentinos y chilenos ver T.E. Princen, op. cit., pp. 113-114. Respecto de los ejercicios de oscurecimiento en Capital Federal ver editoriales “Oscurecimiento: se efectuó el ejercicio”, La Nación, 25 de octubre de 1978, pp. 1 y 24, y “El ensayo de oscurecimiento se efectuó anoche en esta capital”, La Prensa, 25 de octubre de 1978, pp. 1 y 6. Ver también editoriales “En tanto Chile moviliza a mujeres y adolescentes. Comienza hoy en Santiago una ronda definitoria por el Beagle”, por Aldo C. Montes de Oca, La Opinión, 13 de septiembre de 1978, pp. 10-11, y “Fueron denunciadas violaciones del espacio territorial argentino”, La Opinión, 1º de noviembre de 1978, pp. 12-13.
   T.E. Princen, op. cit., p. 112.
   R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 49.
   Sobre las frustradas conversaciones entre Pastor y Cubillos y la no participación de Pastor y Videla en la reunión de la Junta Militar en el edificio Cóndor consultar T.E. Princen, op. cit., pp. 115-117; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 50, y B. Passarelli, op. cit., pp. 75-80. Referencias al “Operativo Soberanía” en Roberto Fernández Taboada, “Cómo se evitó la guerra con Chile”, Clarín, 19 de agosto de 1984, p. 10, cit. en Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 50. Ver también detalles del Operativo en B. Passarelli, op. cit., pp. 33-38, y editoriales “Cómo se paró la guerra con Chile”, por Tabaré Areas y Santiago Palazzo,  Somos, Nº 355, 8 de julio de 1983, pp. 39-44, e “Historia secreta de la guerra que evitó el Papa”, Somos, Nº 545, 4 de marzo de 1987, pp. 28-29 (especialmente el apartado titulado “Cómo iba a ser la guerra”).
   Ver respecto de las actitudes belicistas del Ejército y la Fuerza Aérea los editoriales “Menéndez y Suárez Mason reafirman el resguardo de la soberanía”, La Opinión, 22 de diciembre de 1978, p. 11, y “No hay paz sin honor, recordó Agosti”, por Andrés Ruggeri, La Opinión, 22 de diciembre de 1978, p. 10.
   Declaraciones del dirigente radical Ricardo Balbín del 7 y 8 de diciembre de 1978, citadas en B. Passarelli, op. cit., p. 62. 
   Un ejemplo de este tipo de iniciativas fue la propuesta de Alvaro Alsogaray, quien en septiembre de 1978 postuló como “camino nuevo” en el diferendo argentino-chileno “una comunidad económica austral entre Argentina y Chile”. “Alsogaray propone una comunidad de intereses argentino-chilenos”, La Opinión, 21 de septiembre de 1978, p. 10.
   Ver sobre el rol jugado por las Iglesias argentina y chilena T.E. Princen, op. cit., p. 114; los editoriales “Beagle: Argentina y Chile mueven sus piezas”, Somos, Nº 108, 13 de octubre de 1978, pp. 10-13; “Beagle: cada vez más cerca del límite”, Somos, Nº 110, 27 de octubre de 1978, p. 14; “Mensaje de los obispos de Argentina y Chile sobre la paz”, firmado en Mendoza el 12 de septiembre de 1978 por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo de Córdoba Raúl Francisco Primatesta, y el titular del Episcopado chileno, el arzobispo-obispo de San Felipe Francisco de Borja Valenzuela-Ríos, documento citado en la revista católica Criterio, Nº 1796, 28 de septiembre de 1978, pp. 546-547; los editoriales “Los obispos de Argentina y Chile instan a evitar actitudes belicistas”, La Opinión, 14 de septiembre de 1978, p.1; “Los arzobispos en el conflicto del Beagle”, por Horacio Fourcade, La Opinión, 22 de septiembre de 1978, p. 10, y “En todo el país se rogó por un acuerdo sobre el Beagle. La Iglesia en una jornada de oración por la paz”, La Opinión, 25 de septiembre de 1978, p. 6.
   El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Pío Laghi, jugó un papel muy importante para frenar la “casi guerra” con Chile de diciembre de 1978, como lo demuestran los editoriales “Cómo se paró la guerra...”, op. cit., y “Pío Laghi: ‘el soldado desconocido’ ”, Extra, Nº 164, febrero 1979, p. 17. Ver asimismo referencias al rol protagónico de Laghi en T.E. Princen, op. cit., p. 118. Sobre el rol de Primatesta, quien impulsó la participación del Papa Juan Pablo II en el conflicto limítrofe, ver editorial “Una figura clave dentro de la Iglesia”, por Sergio Rubin, Clarín, 18 de noviembre de 1998, p. 18.
   El embajador norteamericano en Buenos Aires, Raúl Castro, tuvo contactos con los generales “duros” del Tercer Cuerpo de Ejército, Carlos Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, con el objeto de disuadirlos de provocar una guerra con Chile. También tuvo contactos con el nuncio Pío Laghi e incluso envió télex al Vaticano y a la Casa Blanca, advirtiendo sobre la proximidad de una guerra argentino-chilena y la necesidad de que el Papa frenara con su mediación esta posibilidad. Ver “Cómo se paró la guerra con Chile...”, op. cit.; e “Historia secreta de la guerra...”, op. cit., pp. 28-29. También el trabajo de B. Passarelli, op. cit., pp. 30-32.
   Sobre la ofensiva diplomática montada por el presidente Videla y el canciller Pastor, ver R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 51. 
   Texto del convenio de Montevideo de pedido de mediación a Su Santidad Juan Pablo II, 8 de enero de 1979, Estrategia, Nº 57, marzo-abril 1979, III Parte, Documentos sobre el Beagle, pp. 107-109. Comentarios sobre el contenido del Acta en T.E. Princen, op. cit., p. 136.
   “Beagle: no debe haber concesión vergonzante, dijo Osiris Villegas”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 8 de octubre de 1980, p. 4, y “Todo para salvar la paz, menos legar la guerra a nuestros hijos”, por Sergio Cerón, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 15 de octubre de 1980, p. 2; “La voz del Ejército”, Criterio, Nº 1837, 12 de junio de 1980, p. 308; “Hay que estar preparados para defender el honor de la nación”, declaraciones de Galtieri en La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 28 de octubre de 1980, pp. 1 y 6. Además de las declaraciones hostiles a la mediación papal se registraron una serie de incidentes que en nada contribuyeron a facilitar los esfuerzos del Vaticano. Así, en marzo de 1980 el gobierno chileno decidió no permitir el paso de camiones con asfalto caliente hacia la provincia argentina de Tierra del Fuego por entender que la mercadería era de carácter estratégico. Pero esta demora se superó tras una comunicación de las autoridades del Palacio San Martín con la Cancillería chilena. Ver “La Cancillería confirmó que se superó el problema del asfalto. El gobierno chileno permitió el paso de camiones que había detenido en la frontera”, Convicción, 8 de marzo de 1980, p. 10. Por su parte, los días 7 y 8 de septiembre de 1980, el gobierno argentino denunció un “acto de provocación” por parte de unidades de la Armada chilena, que intentaron interferir las actividades de una plataforma petrolera -la Interocean II- en aguas territoriales argentinas, cerca de la boca oriental del estrecho de Magallanes. Ver al respecto “Enérgica respuesta argentina a una provocación chilena”; “Advertencia de la Cancillería ante el acto de provocación”, y “la Argentina respondió con firmeza a la intromisión de la Armada de Chile en aguas jurisdiccionales”, en Convicción, 10 de septiembre de 1980, pp. 1 y 12-13. A fines de ese mismo mes de septiembre de 1980, dos oficiales chilenos -el teniente Ismael Aranda Pozo y el alférez Ricardo Bravo Carreño- fueron detenidos por personal de la Gendarmería Argentina en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena (al norte de Río Gallegos) bajo acusación de espionaje. “Dos oficiales chilenos fueron capturados sacando fotos de una base militar argentina”, Convicción, 27 de septiembre de 1980, p. 11, y “Dos militares chilenos acusados de espías serán indagados por la justicia de Río Gallegos”, Convicción, 28 de septiembre de 1980, p. 10. También por esa misma fecha, el pesquero chileno Miño fue apresado por unidades de la Armada argentina, bajo la acusación de estar pescando a 170 millas de la isla de los Estados, en aguas territoriales argentinas. “El pesquero chileno es conducido a Puerto Deseado” y “El pesquero chileno capturado en aguas argentinas es conducido a Puerto Deseado”, Convicción, 28 de septiembre de 1980, pp. 1 y 11, y “Beagle: Tenso clima en la mesa de negociación”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 30 de septiembre de 1980, p. 4. Asimismo, hacia fines de octubre de 1980 tuvieron lugar una serie de maniobras militares, que consistieron en simulacros de combate en distintos puntos del sur argentino, organizados por los Primero, Tercero y Quinto Cuerpos de Ejército. Cabe recordar que en estos Cuerpos de Ejército había una fuerte presencia de los “halcones” o “duros”. “También el Primer Cuerpo realiza ejercicios. Maniobras militares en la zona precordillerana de Chubut”, Convicción, 22 de octubre de 1980, p. 12; “Ejercicios de combate en el sur argentino”, Convicción, 23 de octubre de 1980, p. 10, y “Maniobras conjuntas en la Patagonia”, Convicción, 25 de octubre de 1980, p. 12. El entonces comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, personalmente estas maniobras, y, en inequívoco tono belicista, afirmó la necesidad de que cada ciudadano esté “espiritualmente preparado” para que, “si en caso necesario el clarín de la patria lo llama, ocupar su puesto para defender el honor de la Nación”. Ver discurso de Galtieri en “Galtieri asiste en Mendoza a las ejercitaciones del Tercer Cuerpo de Ejército”, Convicción, 28 de octubre de 1980, p. 11. Asimismo, el comandante en jefe de la Armada, almirante Armando Lambruschini, presenció hacia la misma fecha maniobras nocturnas por parte de los efectivos de la infantería de marina en la isla de los Estados. “Lambruschini presenció maniobras nocturnas de la Infantería de Marina”, Convicción, 30 de octubre de 1980, p. 10. En noviembre de 1980, dos ingenieros argentinos, Hugo Caleri y Germán Chininger, fueron detenidos en la localidad chilena de Punta Arenas, bajo cargo de espionaje (fueron acusados de tomar fotografías de un emplazamiento militar). “Aclarar la situación de dos detenidos en Chile”, Convicción, 28 de noviembre de 1980.
   Al respecto, cabe mencionar que en mayo de 1980, los presidentes de los episcopados de Argentina y Chile, el arzobispo de Córdoba cardenal Raúl Primatesta y monseñor José Manuel Santos Ascarza, hicieron un llamado conjunto para “buscar todos los medios de persuasión en beneficio de la paz”. En un documento conjunto, los titulares de ambos Episcopados exigían “visión de futuro” a los gobernantes y “cordura, discreción y prudencia” a los medios de comunicación. Texto de la “exhortación conjunta” de los episcopados argentino y chileno, Convicción, 4 de mayo de 1980, p. 8. Ver también “La mediación papal en el diferendo argentino-chileno. Documento conjunto de los episcopados de Argentina y Chile”, Criterio, Nº 1836, 22 de mayo de 1980, pp. 284-286; “Extraordinaria movilización de la Iglesia por la paz entre Argentina y Chile”; “La Iglesia argentina realiza frente al Congreso, una misa por la paz y el éxito de la mediación”; y “Adhesión de políticos y entidades judías”,Convicción, Nº 574, 8 de junio de 1980, pp. 1, y 12-13; “En la Argentina y Chile, un marco diferente signó la jornada de oración por la paz en el Beagle”, Convicción, 10 de junio de 1980, pp. 10-11, y “Sí a la Paz”, Criterio, Nº 1838, 26 de junio de 1980, especialmente p. 341; “Peregrinaciones para orar por la paz entre Chile y Argentina”, Convicción, 23 de agosto de 1980, p. 7; “Jornada de oración argentino-chilena por la paz”, Convicción, 9 de noviembre de 1980, p. 10.
   Discurso del presidente Videla en el Centro Cultural de la ciudad de Santa Fe, reproducido en Convicción, 26 de noviembre de 1980, p. 13.
   Ver respecto de las quejas de Samoré sobre la complejidad del proceso de toma de decisiones en la Argentina y sus diferencias con el de Chile “Editorial. El arte diplomático de Don Camilo...”, Extra, Nº 163, enero 1979, p. 4; y T.E. Princen, op. cit., p. 134. 
   Mensaje del Papa Juan Pablo II con su propuesta de “zona de paz”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 13 de diciembre de 1980, p. 4; editorial “El Papa dio su veredicto”, La Nueva Provincia,  Bahía Blanca, 21 de diciembre de 1980, p. 2 ; mapas reproducidos en La Prensa, 7 de enero de 1981, citados también en La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 8 de enero de 1981, p. 3; texto de la propuesta papal del 12 de diciembre de 1980, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 23 de agosto de 1981, p. 5. Detalles de la propuesta papal en B. Passarelli, op. cit., pp. 182-183, referencias al contenido de la misma en T.E. Princen, op. cit., p. 146, y en editorial “Historia secreta de la guerra que evitó el Papa” (última parte), Somos, Nº 546, 11 de marzo de 1987, p. 28.
   Desde el primer momento en que los militares conocieron la propuesta papal, el comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, dio a conocer sus reparos. B. Passarelli, op. cit., p. 181. Por su parte, el editorial “Beagle podría cambiar la delegación”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 12 de abril de 1981, p. 1, menciona la existencia de divergencias entre, por un lado, el comandante en jefe del Ejército Galtieri y el titular de la Marina Anaya, que rechazaban la propuesta de paz vaticana y, por otro, los integrantes de la delegación argentina ante el Vaticano (formada por el general Etcheverry Boneo y el doctor Guillermo Moncayo), que respondían a los intereses del presidente Videla y del canciller Pastor, partidarios de aceptar la propuesta papal. En este sentido, la demora del gobierno de Videla en responder a las autoridades del Vaticano evidenciaba las objeciones de los comandantes en jefe a la propuesta papal. Guiados por una estrecha visión geopolítica, que ponía el acento en la peligrosa proyección “atlántica” de Chile y sus efectos en la Antártida, Galtieri y Anaya rechazaron la propuesta papal, aun a riesgo de caer nuevamente en la posibilidad de un conflicto con Chile. “Los incidentes fronterizos no ayudan a la negociación con Chile, dijo Galtieri”, Convicción, 14 de febrero de 1981, p. 1, y “Galtieri afirmó que el Ejército sabrá cumplir su misión en caso de que se sucedan episodios fronterizos con Chile”, Convicción, 14 de febrero de 1981, p. 10. Por su parte, otro “halcón”, el ex comandante del III Cuerpo de Ejército, general (RE) Luciano Benjamín Menéndez, sostuvo el 10 de enero de 1981 su rechazo a la propuesta papal, sosteniendo la necesidad de elaborar una “contrapropuesta”. Ver respecto de las declaraciones de Menéndez los editoriales “Menéndez: ‘una contrapropuesta’ ”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 11 de enero de 1981, p. 5; “La propuesta: alguien debe explicar”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 13 de enero de 1981, p. 2, y “Acotaciones australes”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 20 de enero de 1981, p. 2; “Tema: Beagle. Opina: Luciano B. Menéndez”, Extra, Nº 188, febrero 1981, pp. 32-33, y “ ‘Si la propuesta papal no conviene, no debe aceptarse’, afirmó Menéndez”, Convicción, 5 de marzo de 1981, p. 10.  Finalmente, otro “duro” del Ejército, el general Osiris Villegas, sostuvo que existía “favoritismo hacia Chile” en la mediación papal, y que, por ende, había que rechazar la propuesta de paz del Vaticano. “En la mediación hay favoritismo hacia Chile, dijo Villegas”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 5 de marzo de 1981, pp. 1 y 4; “El conflicto austral. Algo para meditar”, por Osiris Villegas, La Prensa, 5 de febrero de 1981, p. 9. También cabe incluir en este grupo de opositores a la propuesta vaticana, al almirante (R.E.) Isaac Rojas y al ex presidente general Roberto Marcelo Levingston.  Ver al respecto editoriales “Una consulta ineludible”, por Angel Amaya, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 26 de diciembre de 1980, p. 2; “El conflicto austral. Los intereses vitales de la Argentina en la región insular y marítima del Atlántico Sur y la sugerencia del mediador”, por Roberto M. Levingston, La Prensa, 21 de enero de 1981, p. 7, y “Para el Gral. Levingston es apresurado aceptar la primera sugerencia del mediador”, La Prensa, 8 de febrero de 1981, p. 4. Por su parte, los sectores “masseristas” se aliaron con los “duros” del Ejército en el ataque a la propuesta papal. Ver editoriales “El Embajador de los EE.UU. trata de influir en el Beagle. En la Torre de Babel parece que se habla el inglés”, por Hugo Ezequiel Lezama, Convicción, 14 de enero de 1981, p. 1; “Ningún argentino quiere pasar a la Historia como un Chamberlain”, por Hugo Ezequiel Lezama, Convicción, 27 de enero de 1981, p. 1, y “Con una solución justa se obtendrá la paz en el Beagle, afirmó Massera”, Convicción, 18 de febrero de 1981, p. 10.
   Ver al respecto “La Gendarmería encontró otro “punto astronómico” puesto por chilenos en la Argentina”, Convicción, 28 de enero de 1981, p. 12; “Refuerzo de guardias y medidas especiales de control en la frontera. La Gendarmería encontró otro monolito chileno en territorio argentino”, Convicción, 3 de febrero de 1981, p. 7; “Protesta chilena por la detención de topógrafos”, Convicción, 6 de febrero de 1981, p. 1, y “Echaron en Chile a las autoridades del Instituto Geográfico Militar”, Convicción, 7 de febrero de 1981, p. 12; Comunicado de la Cancillería argentina, Convicción, 10 de febrero de 1981, p. 1; “La Armada argentina detectó en aguas jurisdiccionales una nave de guerra chilena, que huyó al ser advertida”, Convicción, 10 de febrero de 1981, p. 10; “Confirma el cónsul en Punta Arenas la detención de cuatro argentinos”, Convicción, 13 de febrero de 1981, p. 12, y “Chile acusó formalmente de espías a cuatro argentinos”, Convicción, 18 de febrero de 1981, p. 10. 
   Editoriales de La Prensa titulados “Poco para Argentina en el Beagle”, por Jesús Iglesias Rouco, y “La propuesta del Papa debe evaluarse según su contenido, con prescindencia de su origen”, por Manfred Schonfeld, cit. en B. Passarelli, op. cit., pp. 185-186. La posición de Iglesias Rouco puede verse en los siguientes editoriales: “El mapa del Papa”, La Prensa, 7 de enero de 1981, pp. 1 y 6; “El mapa de Chile”, La Prensa, 15 de febrero de 1981, pp. 1 y 4; “Ante un mensaje del Vaticano”, La Prensa, 10 de enero de 1981, p. 1; “¿Hacia un statu quo en el Beagle?”, La Prensa, 11 de enero de 1981, pp. 1 y 4; “Lo poco que se sabe del Beagle”, La Prensa, 22 de enero de 1981, pp. 1 y 4; “Ante una ofensiva del Vaticano”, La Prensa, 23 de enero de 1981, pp. 1 y 4. Además, La Prensa publicó las opiniones de otros opositores a la propuesta papal, tales como Gustavo Ferrari. Ver al respecto “Chile en el Pacífico”, por Gustavo Ferrari, La Prensa, 16 de febrero de 1981, p. 6. Asimismo, otros referentes de posiciones rígidamente nacionalistas dentro de la sociedad civil fueron el ex diplomático Ricardo Paz, quien criticó los elogios que el ex canciller Zavala Ortiz hizo a los esfuerzos negociadores del ministro de relaciones exteriores Carlos Washington Pastor. Ver editorial “¿A quién defiende el doctor Zavala Ortiz?”, por Ricardo Alberto Paz, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 8 de febrero de 1981, p. 3, donde Paz sostiene que el ex canciller Zavala Ortiz y el canciller Pastor son ejecutores de la “política de no tener política exterior” al aceptar sin reservas la propuesta vaticana. Ver asimismo “Beagle: alternativas de la mediación”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 11 de febrero de 1981, p. 2; “Acusación a Pastor”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 14 de febrero de 1981, p. 4, y “Un increíble ‘destape’ diplomático”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 15 de febrero de 1981, p. 2. El ex diplomático Bonifacio del Carril y dirigentes de agrupaciones políticas del norte argentino (el Ateneo del Norte “Rodolfo Irazusta” y la Junta “Libertad y Soberanía”) también se opusieron a la propuesta. Ver “Políticos piden el rechazo de la propuesta papal sobre el Beagle”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 21 de enero de 1981, p. 4; “La Iglesia y el Beagle”, A fondo, Nº 7, abril de 1981, pp. 25-26; y “Belicismo: “La guerra es necesaria, dicen dos entidades nacionalistas”, Nueva Presencia (semanario judeo-argentino), Nº 187, Buenos Aires, 30 de enero de 1981, p. 10. Por su parte, otros políticos (los radicales Roque Carranza y Jorge Vanossi, el intransigente Oscar Alende, los peronistas Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo, y el nacionalista conservador Marcelo Sánchez Sorondo) adoptaron una posición intermedia entre la aceptación y la negación de la propuesta papal, pronunciándose a favor de la necesidad de una consulta a nivel de Congreso como paso previo a la aceptación o rechazo de la propuesta papal. “La mediación y las FF.AA.”, por Sergio Cerón, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 7 de enero de 1981, p. 2.
   El ex canciller del gobierno de Illia, Miguel Angel Zavala Ortiz, en el editorial “La República y el Beagle. Buscando una decisión nacional”, Criterio, Nº 1873 / 1874, Navidad 1981, pp. 741-748, sostuvo la necesidad de defender la mediación y la propuesta de paz del Papa:
   (..) Si hiciéramos caso al consejo del Cardenal Primatesta de leer sin pasión la Propuesta Papal, advertiríamos que ella evita las más funestas consecuencias del Laudo Arbitral y nos reconoce una parcial pero trascendente complacencia de nuestros intereses relevantes. Todo esto sin dejar de tener en cuenta que la Mediación no está cerrada y que puede todavía incorporar beneficiosos y reclamados reconocimientos.
   “Exhortación de Monseñor Aramburu a los Gobiernos de nuestro país y Chile”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 26 de diciembre de 1980, p. 4; “Claridad en Primatesta”, Extra, Nº 187, enero 1981, p. 6; “Beagle: cuidado con los equívocos”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 18 de enero de 1981, p.2; “Tortolo: La Argentina deberá ceder más porque tiene más”; “De Nevares: honor y soberanía son “palabras altisonantes”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 23 de enero de 1981, p. 1; “Beagle: claro rechazo de las presiones”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 25 de enero de 1981, p. 2; y “De nuevo la paz”, Criterio, Nº 1853 - 1854, 26 de febrero de 1981, pp. 50-51.
   C.M. Túrolo, op. cit., p. 122.
   “Memorándum secreto: Samoré y la Argentina”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 23 de junio de 1981, pp. 1 y 4; “¿Esta es la mediación vaticana?”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 28 de junio de 1981, p. 2; “Samoré critica duramente a Buenos Aires y confirma nuestra información sobre el ‘mapa del Papa’. La convocatoria exterior”, por Jesús Iglesias Rouco, La Prensa, 21 de junio de 1981, pp. 1 y 4, y “El juicio de Samoré”, por Jesús Iglesias Rouco, La Prensa, 25 de junio de 1981, pp. 1 y 7, los dos últimos también citados en B. Passarelli, op. cit., pp. 208-210; R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 53. 
   Ver respecto de este tema los citados editoriales de Jesús Iglesias Rouco “Samoré critica duramente a Buenos Aires...”, op. cit., y “El juicio de Samoré”, op. cit., también citados en B. Passarelli, op. cit., pp. 208-210; y el editorial ”Solicitan las renuncias de Camilión y Samoré”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 4 de julio de 1981, p. 4.
   Este episodio fue particularmente molesto para el gobierno de Viola, pues la decisión de detener y procesar al chileno Hood partió del Ejército -es decir, de su comandante en jefe Galtieri- no del Poder Ejecutivo, en una demostración del escaso margen de maniobra que tenía Viola dentro de su propia arma. B. Passarelli, op. cit., p. 188.
   La drástica decisión de cerrar las fronteras con Chile fue adoptada por el entonces comandante en jefe del Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, analizada posteriormente por la Junta Militar, y finalmente hecha pública a través de un comunicado de particular dureza. Ver al respecto T.E. Princen, op. cit., p. 147; B. Passarelli, op. cit., pp. 189-192, y R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 53. También los editoriales “Imprevista reunión del Comité Militar y cierre de las fronteras terrestres. Enérgica reacción por la detención de dos oficiales argentinos en Chile”, Convicción, 30 de abril de 1981, p. 1; “Nubarrones en la mediación”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 3 de mayo de 1981, p. 2;  “Panorama político”, por Joaquín Morales Solá, Clarín, 3 de mayo de 1981, pp. 10-11, y “El caso de los militares secuestrados. Un intento chileno por recuperar a sus espías detenidos agravó el conflicto y preocupa mucho al Papa”, Somos; Nº 242, 8 de mayo de 1981, pp. 4-9. 
   “Episcopado argentino y política vaticana”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 5 de mayo de 1981, p. 1; “El Beagle bien vale una misa”, Somos, Nº 272, 4 de diciembre de 1981, p. 14; “Primatesta y la propuesta papal. Expresó, a su regreso de Roma, que debe analizarse ‘con atención y no con pasión’”, Clarín, 3 de noviembre de 1981, p. 5; “El Papa instó a que Argentina y Chile den los pasos adecuados para mantener un clima favorable a la mediación”, Convicción, 7 de mayo de 1981, p. 1; y “El Papa pidió el establecimiento de un clima favorable para continuar con la mediación”, Convicción, 7 de mayo de 1981, pp. 12-13. Ver también respecto del pedido papal el trabajo de T.E. Princen, op. cit., p. 147.
   Texto de la respuesta de la Cancillería argentina a la petición papal, 8 de mayo de 1981, citado en Convicción, 9 de mayo de 1981, p. 11.
   Ver al respecto los siguientes editoriales: “Una medida similar fue adoptada por las autoridades trasandinas. La Argentina indultó a ocho chilenos en respuesta a la solicitud del mediador”, Convicción, 9 de junio de 1981, p. 1; “En respuesta al pedido del cardenal Samoré. Camilión anunció medidas de distensión con Chile”, Convicción, 9 de junio de 1981, p. 7; “También viajaron a Chile los trasandinos indultados. Retornaron los argentinos liberados en Santiago”, Convicción, 10 de junio de 1981, p. 1; “Pinochet dijo que fueron puestos a disposición de la Nunciatura. Chile anunció la liberación de los dos oficiales del Ejército argentino”, Convicción, 11 de junio de 1981, p. 1; “Extensa reunión del Comité Militar. Se dispuso la apertura de la frontera con Chile”, Convicción, 12 de junio de 1981, p. 1; “La liberación se produjo mediante un decreto especial de amnistía firmado por la Junta y el presidente trasandino. El mayor Barileau y el teniente Santos retornaron ayer a Buenos Aires”, Convicción, 12 de junio de 1981, p. 7; “Libertades a cuenta. Con varios indultos se inició la distensión en la mediación por el Beagle”, Somos, Nº 247, 12 de junio de 1981, pp. 6-7; “ ‘Como una expresión más de acatamiento al llamado del Santo Padre’. El Poder Ejecutivo indultó a los cuatro cartógrafos chilenos”, Convicción, 14 de junio de 1981, p. 1, y “Fueron indultados por el gobierno dos militares chilenos”, Convicción, 20 de junio de 1981, p. 1.
   Respecto de estos incidentes ver T.E. Princen, op. cit., p. 147, y editorial “Nuevo foco de tensión en la frontera con Chile”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 1º de diciembre de 1981, p. 4.
   B. Passarelli, op. cit., p. 221.
   Texto completo de la declaración del gobierno argentino -emitida con membrete del Presidente el 21 de enero de 1982- anunciando la decisión de denunciar el Tratado de 1972, Convicción, 22 de enero de 1982, p. 7. 
   B. Passarelli, op. cit., pp. 220-221.
   Ejemplos del respaldo “masserista” a la decisión del gobierno de Galtieri de denunciar el Tratado de 1972 fueron los editoriales “El eje fue desplazado de la Economía a la Política”, por Hugo Ezequiel Lezama, Convicción, 24 de enero de 1982, p. 1; y “Una clara y contundente actitud en política exterior define a la administración Galtieri”, por Carlos Fernández, Convicción, 24 de enero de 1982, pp. 12-13.
   “Chile ‘lamenta’ la decisión argentina de denunciar el Tratado de Controversias”, Convicción, 30 de enero de 1982, p. 7.
   En la segunda quincena de febrero de 1982, el transporte de la Armada argentina Gurruchaga fondeó en la isla Deceit -cuya jurisdicción estaba disputada entre la Argentina y Chile-. La patrullera chilena Quidora exigió a la tripulación del Gurruchaga que se retirara del fondeadero, exigencia que no fue obedecida por la nave argentina. La Cancillería chilena envió sus protestas a Buenos Aires, y las autoridades del Palacio San Martín calificaron como “insólita” la exigencia del Quidora. Ver al respecto “En un comunicado oficial se calificó de inoportuna la actitud de la Cancillería trasandina. El Palacio San Martín afirmó que fue insólita la demanda de un buque chileno al aviso ‘Gurruchaga’”, y “La versión de Santiago sobre el episodio austral”, Convicción, 24 de febrero de 1982, pp. 12-13.
   En marzo de 1982, dos empleados de la firma argentina de cemento Loma Negra, Federico Romero y Jorge Finocchio, se dirigieron a la ciudad chilena de Punta Arenas, con el objetivo de supervisar el arribo de un cargamento de cemento que su empresa enviaba a Chile. En ese trayecto, fueron detenidos y torturados por individuos armados que querían conocer detalles sobre la ubicación de edificios y armamentos de las Fuerzas Armadas en Tierra del Fuego. “Dos argentinos fueron torturados en Chile”, Convicción, 20 de marzo de 1982, p. 7. 
   R. Russell, “El proceso de toma de decisiones...”, op. cit., p. 53.
   Expresiones del embajador chileno en Buenos Aires, Sergio Onofre Jarpa Reyes, citadas en R. García Lupo, op. cit., p. 75.
   En los medios militares argentinos predominó la impresión de que el helicóptero Sea King no cayó por accidente, sino que fue deliberadamente incendiado tras dejar en tierra un comando que se dirigía al aeropuerto de Río Grande, en territorio de Tierra del Fuego. Detalles sobre el episodio de la caída del Sea King en R. García Lupo, op. cit., pp. 67-68 y 75-76.
   Esta resolución del 29 de mayo fue aprobada por diecisiete países, mientras que Chile, Colombia, Estados Unidos y Trinidad -Tobago se abstuvieron. Ver al respecto “TIAR: 17 naciones dieron su firme respaldo a la causa de nuestro país”, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 30 de mayo de 1982, pp. 1 y 13. Sobre posición chilena durante la guerra de Malvinas consultar también B. Passarelli, op. cit., p. 226. 
   El apoyo de inteligencia de los militares chilenos a los británicos durante la guerra de Malvinas fue confirmado tanto por declaraciones del general retirado Jeremy Moore, comandante de las fuerzas terrestres británicas durante la guerra, quien el 20 de octubre de 1998 sostuvo que los chilenos “nos daban información y señales de advertencia” y que “desde el sur de Chile, desde las altas montañas, se espiaba el movimiento de las bases argentinas, por ejemplo con radares, y se nos informaba sobre la salida de los aviones.”. Asimismo, de acuerdo con una investigación realizada por el ex diputado conservador inglés, Rupert Allason, en su libro La guerra secreta por las Malvinas reproducido en un editorial del diario argentino Clarín, Pinochet autorizó que aviones Canberra de reconocimiento aerofotográfico y Hércules equipados para inteligencia electrónica de la Real Fuerza Aérea Británica operaran desde la localidad chilena de Punta Arenas con insignias chilenas y tripulaciones británicas. Estos aviones realizaron un “barrido” electrónico y fotográfico de las bases aéreas argentinas desde donde se lanzaron los ataques contra la flota británica. A su vez, los radares chilenos vigilaron los aeródromos argentinos y las estaciones de comunicaciones trasandinas siguieron e incluso interfirieron los intercambios radiales argentinos. Ver al respecto los editoriales “El respaldo de Pinochet a Londres durante la guerra de las Malvinas. Cómo fue el apoyo chileno”, por Luis Garasino, y “Una mecha que encendió Thatcher”, Clarín, 23 de octubre de 1998, p. 6.  Por su parte, Rogelio García Lupo sostiene que el puerto chileno de Punta Arenas fue utilizado por los británicos como centro de comunicaciones con las islas Malvinas. R. García Lupo, op. cit., p. 170. Otro interesante testimonio respecto de la ayuda chilena a Gran Bretaña durante la guerra de las Malvinas fue el ofrecido por la senadora Evelyn Mattei, del partido derechista chileno Unión Independiente. Evelyn Mattei es hija del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mattei, y envió una carta al diario británico The Sunday Times en el que revela la ayuda de las autoridades de Santiago a Londres durante el conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña. Ver al respecto “Detalles de la ayuda de Chile a Londres en Malvinas”, Clarín, 1º de diciembre de 1998, p. 32. 
   T.E. Princen, op. cit.. pp. 149 y 151, y B. Passarelli, op. cit., pp. 233-234. 
   T.E. Princen, op. cit., p. 151.
   Respecto de la propuesta papal de una declaración conjunta de paz y no-agresión ver T.E. Princen, op. cit., p. 152. En cuanto a la decisión del presidente Bignone y de la Junta de postergar la decisión sobre la cuestión del Beagle hasta el futuro gobierno constitucional, el propio Bignone sostuvo que “si han pasado todos estos años, que pase un año y medio más para que haya un Parlamento que le dé fuerza a la solución”. Ver declaraciones de R. Bignone en B. Passarelli, op. cit., p. 235.  Ver también editoriales “Bignone: el Beagle es tema para el futuro Parlamento”, Convicción, 1º de febrero de 1983, p. 4, y “Bignone: El Congreso debe ratificar cualquier acuerdo por el Beagle”, Clarín, 19 de abril de 1983, pp. 2-3. 
   B. Passarelli, op. cit., p. 235.

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